La Fiscalía ha destacado este martes la "voluminosa" investigación que se está llevando a cabo en torno a la llamada Operación Nazarí, en la que se han detectado indicios de una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada, y ha remarcado que las actuaciones "están empezando" y por tanto no pueden cuantificarse los perjuicios económicos que han podido producirse.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio Público después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada haya decretado el levantamiento del secreto de sumario en una causa que supuso la detención, a mediados del pasado abril, del que fuera alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, y la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, además de empresarios y funcionarios municipales.
El Juzgado instó el lunes a las partes a aportar un soporte informático para hacerles entrega de la documentación del sumario, que puede superar los 20 gigas de información.
El objetivo es que el acceso a los documentos se produzca de manera simultánea, una vez que se haya grabado la información en todos los dispositivos aportados, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
Aunque el origen de la causa, en la que están investigadas 17 personas, partió de dos querellas de la Fiscalía por una serie de "expedientes urbanísticos concretos", a lo largo de la investigación se han revisado otros escogidos de "forma aleatoria" donde también se podrían haber cometido similares irregularidades.
Esto ha ampliado la investigación, y en este punto de las actuaciones, es "imposible" concretar "si se ha causado o no un perjuicio económico de unos promotores que hayan sido discriminados respecto a otros", ni determinar la cifra en la que los promotores habrían salido beneficiados o qué perjuicio ha tenido esta supuesta trama para las arcas municipales.
Así lo exponen desde el Ministerio Público, que trata también de determinar si el supuesto beneficio que han obtenido los autores de la trama "se puede medir en dinero o simplemente era un trato de favor por amiguismo".
El Juzgado de Instrucción 2 investiga, tras la querella del Ministerio Público, la alteración y modificación presuntamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo situada en la calle Torre de la Pólvora 35 de Granada que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo.
A las diligencias de Instrucción 2 se acumularon como pieza separada otras del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas también en virtud de una querella de la Fiscalía en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.
Asimismo, de las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF pueden resultar irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de Urbanismo, que se están investigando.
MEDIO AÑO
La investigación judicial continúa contra los 17 investigados, entre altos cargos, técnicos municipales y empresarios de la ciudad, por presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio, si bien, con la apertura del sumario, las partes podrán conocer específicamente por qué delitos se investiga a cada uno de ellos.
La Policía Nacional ha trasladado al Juzgado que la duración aproximada del estudio de la documental obrante en las actuaciones, consecuencia de los distintas entradas y registros practicadas el 13 de abril en las viviendas de los investigados, así como del estudio de la información procedente del volcado de los distintos dispositivos electrónicos, tendrá una duración no inferior a seis meses.
Junto a ello, el pasado 13 de octubre, el personal de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional hizo entrega a la Junta de trece cajas de documentación con entre 15.000 y 18.000 folios agrupados en ocho grandes asuntos para el "debido enjuiciamiento de las cuestiones urbanísticas".
La Junta especifica también al juzgado que "sin perjuicio del carácter prioritario que se le ha otorgado a la elaboración de dichos informes", el tiempo estimado para su elaboración, una vez completada la documentación que sea requerida, se estima en un plazo no inferior a seis meses.
