El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, ha comenzado la semana refiriéndose a la "chapuza realizada por el alcalde", Juan Carlos Ruiz Boix, "aprobando un Presupuesto para el año 2017 teniendo conocimiento de los escritos recibidos por el Ministerio de Hacienda y la Junta de Andalucía obligándole a ajustar las cuentas del Ayuntamiento a la legalidad establecida en la Ley Presupuestaria, y temiendo que siga haciendo chapuzas ya que hace caso omiso a los informes técnicos aunque sean negativos, por incumplimiento de bastantes preceptos legales".
Mayoral anuncia que su partido ha registrado las correspondientes alegaciones para que el presupuesto sea de nuevo presentado y ajustado al Plan Económico Financiero que se aprobó en el último pleno ordinario celebrado el jueves pasado "y se ajuste al resto de ilegalidades puestas de manifiesto en los informes que acompañan al mismo".
En su opinión, "Ruiz Boix cree que el presupuesto debe responder a las ocurrencias y los compromisos políticos que él personalmente decida. No le es suficiente con aumentar un gasto político de otro concejal más liberado, Juan Serván del extinguido PA, que ya en poco más de año y medio ha aumentado cuatro sueldos políticos más para la misma organización y trabajo regalando dinero público porque la mayoría de ellos no tienen contenido de trabajo, responden a intereses políticos de Ruiz Boix, ahora también pretende crear plazas nuevas de funcionarios que ningún técnico ha demandado y sobrepasa la tasa de reposición legalmente establecida he incluso alguna con informes negativos tanto de la Intervencíón como de la Secretaria General".
Según el PIVG, el Ayuntamiento "sobrepasa la masa salarial del límite legal establecido para
pagos de algún tipo de retribución de las que Ruiz Boix antes calificaba de privilegios de algunos funcionarios pero que ahora lo practica él sin pestañear".
Y critica que el alcalde no detalla "qué inversiones piensa recortar de las medidas que han aprobado en el Plan Económico Financiero, que afectan directamente al empleo, en vez de eliminar esos vergonzosos sueldos políticos, un verdadero atraco a las Arcas municipales que pensábamos que ya se había corregido en el ayuntamiento de San Roque fruto de los recortes a los gastos políticos de los pactos del año 2009 entre el PIVG y el PP, que se quitaron cinco sueldos políticos entre concejales y asesores y el propio pacto del año 2011 del PIVG con el PSOE que no permitieron más
incremento del gasto político. Tampoco elimina los miles de euros en publicidad, propaganda y gastos de protocolo que ya ascienden a 134.000 euros o el rescate de servicios como el de recaudación que le puede llevar perfectamente el ayuntamiento en vez de la Diputación Provincial o el exceso de coches oficiales que sobran, gasto de combustible y de teléfono que de nuevo se han incrementado exponencialmente y otra serie de gastos innecesarios que nada tiene que ver con los servicios básicos y asistenciales a las personas de escasos recursos".
Finalmente, Mayoral apunta que "estamos seguros de que con su prepotencia y soberbia", puede ocurrir que no admita "ninguna de las alegaciones, ni de las que hay informes negativos por no
ajustarse a la legalidad y luego pretende que no denunciemos estas tropelías en la Fiscalía y el juzgado, cuando no deja otra alternativa".
