El proceso de municipalización de los servicios de limpieza de arenas; recogida de residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras de las playas y de asistencia sanitaria, socorrismo, limpieza y mantenimiento de vestuarios no avanza. El equipo de Gobierno culpa a la oposición de dilatar el proceso pidiendo más documentación sobre el mismo. Considera que existe una “estrategia para demorar los tiempos”, para ello menciona al PSOE, que ya la utilizó “en las reuniones celebradas para la aprobación de los presupuestos y tasas municipales”.
Ante esta “maniobra”, el equipo de Gobierno matiza que “no se puede retrasar más el proceso” y advierte que hay que poner en funcionamiento los servicios de cara al próximo verano. Tras colocar el parche de aviso a la oposición, el resto de partidos ha reaccionado de manera diversa tras una reunión de dos horas.
Mientras que Ciudadanos se posiciona en contra de una municipalización que considera “injustificada”, el PSOE insiste en la necesidad de que el proceso se haga con “todas las garantías”, ante lo que sigue viendo “importantes lagunas, reconocidas por los técnicos, respecto a los informes entregados”.
Por su parte, el Partido Popular, haciendo uso del informe del interventor municipal entregado hoy en la comisión asegura que “la municipalización de la playa encarecerá en 120 mil euros de partida”, tras el “supuesto ahorro anunciado por el Gobierno local, al comparar el coste de la municipalización con un teórico coste real del servicio, no con lo que cobran ahora mismo las empresas que lo prestan”.
Desde C´s , Juan Manuel Pérez Dorao cuestiona la posibilidad de que el expediente “pueda incurrir en fraude de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local”. Por ello piden que se solicite un informe previo al Ministerio de Hacienda. Por otro lado, Ciudadanos preguntan si se han valorado las circunstancias de cada convenio colectivo, la antigüedad de los trabajadores, el refuerzo de la estructura de Cádiz 2000 o si hay recursos económicos para el pago de los salarios”.
Basa su decisión en que este procedimiento es incompatible con los principios de igualdad, capacidad y mérito, que deben regir los criterios de contratación por parte de las administraciones públicas. Coincide con el PSOE en que es necesario el cambio del objeto social de Aguas de Cádiz y Cádiz 2000. A este respecto, el portavoz socialista, Fran González, matiza que se crea una “dualidad ante la que es necesaria un cambio en los estatutos de Cádiz 2000, para tener la garantía de que no entra en colisión con la legalidad vigente”.
Los socialistas también piden por escrito respuestas a sus dudas, después de que “actualmente existe una deuda con las empresas que vienen prestando el servicio y ante la que hay que ponerse al día, por lo que piden que se aclare la repercusión para las arcas municipales”. También han solicitado informe del interventor y secretario sobre las consecuencias y responsabilidades jurídicas, así como del alcance que podría tener el incumplimiento de los compromisos que afectan al procedimiento”.
La postura del PSOE podría denominarse curarse en salud porque “no vamos a ser cómplices de su incapacidad, por lo que esperan tener respuestas pronto”.
Por su parte, el portavoz popular, Ignacio Romaní, afirma que “todo el proceso se base en la falsedad de que las empresas del sector están cobrando menos de lo que cuesta el servicio, y solo gracias al PP se ha evitado cerrar en falso este desastre”. Máxime después de que en la reunión, el alcalde gaditano, José María González Santos “ha reconocido que los trabajadores estarán en las mismas condiciones laborales que él tachaba de precarias cuando no era alcalde”.
Romaní indicó que “el proceso de municipalización está siendo un verdadero monumento al tridente de Podemos en Cádiz: la mentira, la demagogia y la chapuza: la mentira es que se ahorra. Una absoluta falsedad, a Cádiz los servicios de playas le cuestan lo que paga a las empresas, no lo que una teoría establece, y lo que paga a las empresas es 2.168.331 euros, y la municipalización supone pagar por eso mismo 2.288.144 euros. La cuenta ya se la hago yo al alcalde, cerca de 120 mil euros más. Esa es la verdad pura y dura, lo demás son las cuentas del gran capitán”.
