El Gobierno mexicano entregó hoy el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "el Chapo" Guzmán, a Estados Unidos en el último día de la presidencia de Barack Obama para que afronte cargos por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio, entre otros.
La Cancillería de México informó en un comunicado que puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) a Guzmán y, a través de la misma, el Gobierno lo entregó hoy a las autoridades de Estados Unidos.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, el capo fue trasladado desde la prisión de la norteña Ciudad Juárez, donde estaba recluido desde mayo pasado, con rumbo al aeropuerto de esa urbe fronteriza con Estados Unidos.
Desde allí fue trasladado a Nueva York para hacer frente a los seis procesos penales que tiene pendientes en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia estadounidense agradeció en un comunicado al Gobierno mexicano del presidente Enrique Peña Nieto "por su amplia cooperación y asistencia para asegurar la extradición de Guzmán".
El capo, que fue recapturado el 8 de enero de 2016 en su estado natal de Sinaloa tras la fuga que protagonizó el 11 de julio de 2015 del penal del Altiplano, en el Estado de México, tiene causas pendientes en los estados de Nueva York, Texas, Arizona, Florida, Illinois y Nueva Hapmshire.
Su traslado a Nueva York se explica porque la Fiscalía del distrito neoyorquino de Brooklyn tiene la causa más contundente en contra del líder del cártel de Sinaloa.
El caso está abierto desde 2009, pero en noviembre de 2016 la Fiscalía interpuso un nuevo escrito en el que acusa a Guzmán de varios cargos, incluido narcotráfico, pertenencia a organización criminal y distribución ilegal de marihuana, cocaína, metanfetaminas y heroína.
El 22 de enero de 2016, unos días después de que el capo volviese a ser capturado, Peña Nieto informó de que su gobierno estaba buscando acelerar la extradición del narcotraficante a Estados Unidos. Dicha declaración fue la confirmación del giro radical de la posición del Gobierno mexicano.
En enero de 2015, el entonces fiscal mexicano, Jesús Murillo, declaraba que Guzmán tendría que "cumplir su condena en México" antes de ser extraditado a Estados Unidos., lo que podría producirse "unos 300 o 400 años después".
Dicha posición cambió después de que Guzmán protagonizase su fuga del Altiplano, la segunda de una cárcel de máxima seguridad en su haber, que dejó en ridículo a la Administración de Peña Nieto, quien en 2014 llegó a asegurar que un segundo escape del capo sería "imperdonable".
Una vez que la Cancillería concedió la extradición el 20 de mayo de 2016, la defensa interpuso varios recursos para evitar su entrega.
El miércoles la Suprema Corte de Justicia rechazó admitir a trámite dos recursos de amparo contra la extradición del narcotraficante interpuestos por su defensa, al considerar que no estaba legitimado para promoverlos.
Por ese motivo, ambos fueron devueltos al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, encargado del caso y que los negó este jueves.
El tribunal estimó que la extradición concedida por la Cancillería cumplió con "las normas constitucionales, los requisitos establecidos en el tratado bilateral" y que "no fueron, ni han sido vulnerados, sus derechos humanos en los procedimientos instaurados".
Dicha decisión permitió, tras un largo proceso, que el líder del cártel de Sinaloa fuera entregado a las autoridades de Estados Unidos menos de un día antes de que Obama entregue la presidencia a Donald Trump.
El abogado José Refugio dijo a Efe que la decisión del tribunal de rechazar los amparos solo un día después de que la Suprema Corte se negara a admitirlos muestra "claramente un contubernio entre el Gobierno con el Poder Judicial".
Contó que estuvo en el penal de Ciudad Juárez desde el mediodía y fue testigo de un "operativo impresionante" para trasladar al narcotraficante, con quien no pudo hablar.
La llegada de Trump al poder ha generado una gran incertidumbre entre los mexicanos, ya que ha prometido levantar un muro en la frontera común y hacérselo pagar a México, deportar a millones de inmigrantes, gravar las remesas y dañar al país vecino en el terreno comercial.
Por la noche, el subprocurador jurídico de la PGR, Alberto Elías Beltrán, negó en conferencia de prensa cualquier vínculo entre la extradición del narcotraficante y el cambio de gobierno en Estados Unidos. "Nosotros no podemos injerir como parte del Gobierno federal en las determinaciones del Poder Judicial", dijo.
Asimismo, indicó que el capo tiene pendientes en México diez casos por delitos contra la salud, delincuencia organizada, lavado de dinero, entre otros cargos. "Pero estos se suspenden (mientras está en EE.UU.) en términos de la legislación mexicana. En cuanto cumpla la sentencia regresará a ser procesado", aclaró.
