La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, asumió la tutela el pasado año de 55 menores no acompañados que llegaron a Almería fundamentalmente en patera desde el norte de África aunque también mediante otras vías de acceso en las que no contaban con la salvaguarda de un allegado o tutor.
Según han explicado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, hay otros menores que ingresan en algún momento en los centros del sistema de protección en la provincia, pero que por diversas razones, como la reagrupación con familiares, el traslado a otras provincias, el cumplimiento de la mayoría de edad durante su estancia, la constatación documental de esta mayoría durante su atención o las fugas voluntarias; no llegan a estar bajo la tutela efectiva de la administración.
Así, en 2016, la cifra total de menores extranjeros no acompañados que en algún momento han pasado por el Sistema de Protección de Almería asciende a 207. Igualmente, hasta finales del año pasado, permanecían en los diferentes centros de protección de menores de Almería un total de 87 menores extranjeros no acompañados.
Desde 2011 la Delegación Territorial de Políticas Sociales se ha hecho con la tutela de 342 menores no acompañados, de forma que en 2015 fue el año en el que más menores pasaron a estar bajo la protección directa del Gobierno andaluz, con 68 casos. Ese mismo año, fueron 188 los menores que en algún momento pasaron por el Sistema de Protección de Almería.
CENTROS DE ACOGIDA INMEDIATA
El Sistema de Protección de Menores cuenta con diferentes programas de atención, que se desarrollan en función de las necesidades y la situación de los niños y niñas que se encuentran bajo la tutela de la Administración.
Entre ellos están los centros de acogida inmediata, que están concebidos para dar respuesta inminente a las necesidades de los menores en riesgo y de realizar un estudio, valoración y diagnóstico de la situación del menor.
En el caso de los menores extranjeros no acompañados, si se localizan familiares residentes en España con posibilidad de llevar una reagrupación familiar, se solicita información y documentación oportuna para acreditar el parentesco.
En caso contrario, una vez que se descarta la posibilidad de reagrupación, se intenta establecer comunicación con los familiares en el país de origen, para que remitan los documentos originales que permitan regularizar la situación de los menores en los casos que así proceda y se procura trabajar con cada menor según sus necesidades y su perfil.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN
El programa de residencia básico proporciona un contexto de atención y protección que responde a las necesidades evolutivas de los menores que no necesitan una intervención especializada mientras que el programa de menores en conflicto social pretende proporcionar un contexto de atención y protección a aquellos menores que presentan dificultades principalmente comportamentales y sociales, o especiales que requieren un entorno terapéutico para remediar estas dificultades
La Junta también prevé un programa de menores con trastornos de conducta, con el que el nivel de control y supervisión es más profundo, lo que lleva a que en éste se procure al menor casi la totalidad de los servicios en el propio centro, mientras que en programa de menores en conflicto social se conjuga ese contexto residencial terapéutico y de control con un aprovechamiento de los recursos sociales normalizados.
El Gobierno andaluz también prevé un programa específico de orientación e inserción sociolaboral en centros de protección de menores. Se trata de un programa de atención residencial de orientación e inserción social y laboral para jóvenes tutelados desde los 16 a los 18 años de edad, que tiene como finalidad facilitar el paso del acogimiento residencial a la vida independiente, a través de actuaciones específicas que desarrollen al máximo la autonomía personal y la integración social y laboral.
La principal característica definitoria de este programa es la "especial intensidad" con la que se trabaja la integración social y laboral, así como la normalización y la autonomía de los y las menores.
Junto con este, se encuentra el programa de mayoría de edad mediante el cual los jóvenes tutelados a partir de los 16 años, cercana su salida del sistema de protección y durante los primeros años de su mayoría de edad legal, disponen de recursos que les ayuden a encarar con ciertas garantías de éxito su transito a la vida adulta y autónoma.
