Los alcaldes y alcaldesas de 11 municipios onubenses afectados este año por el proceso de regularización catastral de los bienes inmuebles que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Gerencia Territorial del Catastro en Huelva, han compartido su preocupación por el perjuicio que esta medida supondrá para muchos vecinos y vecinas de estas poblaciones.
Así lo han puesto de manifiesto, durante una reunión mantenida este jueves 2 de marzo en la Diputación Provincial de Huelva, los regidores y regidoras de esas 11 localidades afectadas: El Almendro, Campofrío, Castaño del Robledo, El Granado, Manzanilla, Paymogo, Puerto Moral, San Bartolomé de la Torre, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces y Villanueva de los Castillejos.
En este encuentro, los alcaldes y alcaldesas han acordado solicitar una reunión a la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, con el objetivo de “compartir nuestra preocupación” con la máxima representante del Ejecutivo central en la provincia y de solicitarle información sobre este asunto.
Los regidores y regidoras de los citados 11 municipios temen que el proceso se haya llevado a cabo sin el rigor necesario, para lo que se basan en la experiencia de otras poblaciones donde la regularización catastral se produjo en años anteriores. De hecho, desde muchos municipios denunciaron que se había producido una alteración muy significativa los valores catastrales de inmuebles en los que únicamente se habían realizado obras menores o intervenciones de mantenimiento, sin la incorporación de nuevos elementos ni aumento de metros edificables.
También criticaron que las inspecciones se habían llevado a cabo a través únicamente de fotografías de vuelo aéreo o imágenes en fachada, sin que la empresa encargada de este servicio se hubiese personado en los inmuebles afectados, una metodología que a juicio de los alcaldes y alcaldesas no justifica otro de los elementos que critican de este proceso: que se imponga una tasa de 60 euros a todos los propietarios de los inmuebles regularizados.
Asimismo, los munícipes de estas 11 localidades consideran que este proceso de regularización catastral, en base a la Ley 16/2012 de 27 de diciembre que modifica el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, genera también un “grave problema” a los agricultores que ven regularizadas sus construcciones en suelo rústico, pues, en virtud de la disposición cuarta, la asignación de valores a estas construcciones se hace en base a las ponencias de valores de IBI urbano, por lo que construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales reciben valoraciones “excesivas e injustas”. Consideran que una granja cerrada y en desuso no puede tener el mismo valor catastral que una nave industrial, y que no puede pagar el mismo IBI una caseta de aperos que un chalet en el campo.
