Las aguas andan revueltas en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG). Tres técnicos del ente supramunicipal encargado del abastecimiento de agua y saneamiento en 18 municipios de la provincia -con sede en Jerez- han denunciado el presunto acoso laboral que vienen sufriendo por parte de su superior desde hace años.
Una situación que en los últimos 12 meses se ha hecho “insostenible” y por la que han llegado a necesitar asistencia médica -uno de ellos está de baja- por las consecuencia de la supuesta conducta de su jefe. Sienten que el Consorcio les ha “abandonado” después de que lo máximo que han conseguido con sus denuncias a nivel interno haya sido la suspensión de empleo de su superior seis meses (durante los que sí percibió su sueldo íntegro) mientras se tramitó un expediente disciplinario que finalmente ha sido archivado “por defectos de forma”.
En estos momentos, la pelota está en el tejado de la Diputación, a la que el CAZG ha pedido “auxilio técnico” para elaborar un nuevo expediente sin que se haya adoptado ninguna medida cautelar contra el supuesto acosador, que ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo “con el mismo comportamiento”, según los denunciantes. Por ello, los tres trabajadores han puesto su caso en manos del abogado, Ramón Dávila, que ya está estudiando la abundante documentación en la que avalan sus denuncias para acudir a los tribunales.
En este sentido, tal y como ha avanzado su letrado, posiblemente la primera medida que tomen sea interponer una denuncia en la Inspección de Trabajo, y no se descarta presentar otra demanda -como así pretenden los tres técnicos- por la jurisdicción de lo Social contra el supuesto acosador y el propio Consorcio por desamparo.
Le acusan de “hacer el vacío y ningunearles, quitarles áreas de responsabilidad, tomar decisiones en el marco de sus responsabilidades y atribuciones cometiendo negligencias que son responsabilidad de sus subordinados -en este caso los técnicos- o mentir con el fin de culpar al trabajador de errores propios”. Todo ello con “menosprecio” y con un “lenguaje agresivo”.
Así lo hacen constar los expertos que han llevado el caso en la valoración de riesgos psicosociales, a la que ha tenido acceso este periódico, realizada por Cualtis, una empresa externa especializada en este tipo de denuncias, solicitada por el propio Consorcio.
Junto a esta evaluación, a raíz de las denuncias de estos tres trabajadores, pusieron los hechos en conocimiento de la nueva gerente del ente, Desirée Seglar, al frente del mismo desde marzo de 2016, a la que trasladaron cómo afectaba esta situación a sus responsabilidades diarias, y también se impulsaron otras medidas, como una auditoría externa del Sistema de Gestión de la Inocuidad. En esta última, que corrió a cargo de Adertec Soluciones Técnicas, en mayo del pasado año, se concluyó que en el Consorcio se habían tomado “medidas y actuaciones al margen del Sistema de Gestión de la Inocuidad que ha dado lugar a incumplimientos graves y legales”, en consecuencia, “las características del agua de consumo suministrada no aseguran que haya sido realizada de forma segura”.
Por su parte, el estudio de riesgos psicosociales de Cualtis concluye la existencia de conductas concretas que “podrían ser consideradas de acoso”, y “así pueden ser demostradas tras el estudio y análisis realizado”, basadas en informes y entrevistas personales en las que también participó el supuesto acosador, quien hizo constar su disconformidad con las acusaciones sobre su persona, que achacó a “celos profesionales”, y dejando patente su “indefensión” en todo el proceso.
Este periódico se ha puesto en contacto con la gerente del CAZG, que ha declinado hacer declaraciones públicas apelando a su cargo técnico. En esta misma tónica se muestra el presidente del Consorcio de Aguas y alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, que se muestra cauto por tratarse de un expediente que se encuentra “en fase de instrucción”.
Un año con nueva gerente
El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana está integrado por la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente y un total de 18 municipios como son Algar, Conil, Rota, Arcos, Jerez, San Fernando, Barbate, Medina Sidonia,San José del Valle, Cádiz, Paterna de Rivera,Sanlúcar, Chiclana, Puerto Real, Trebujena, Vejer, El Puerto y Chipiona. El dato del volumen de población flotante al que presta sus servicios no es baladí, pues llega a superar el millón de habitantes. El Consorcio podrá realizar servicios públicos de competencia local, siempre que los entes consorciados lo acuerden expresa e individualmente en los términos previstos en estos estatutos y en la legislación de régimen local. En cualquier caso, la toma de decisiones depende del comité directivo (representados por los ayuntamientos de seis municipios y la Junta) que debe convocar el presidente y alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, al que los tres técnicos reprochan su demora para convocar este órgano a lo largo de este último año y tratar su caso. No hay que perder de vista que desde hace poco más de un año, el Consorcio tiene nueva gerente, Desirée Seglar, tras un proceso de selección en el que también se postuló como candidato a este cargo el trabajador denunciado por presunto ‘mobbing’. Precisamente sus subordinados tienen la teoría de que detrás de su comportamiento está su empecinamiento de ser gerente “costase lo que costase”. Tanto la elección de Seglar aludiendo a por supuestas anomalías, como la subida de hasta un 15% de la tasa del agua, se han convertido en el caballo de batalla del PP contra el ente en el que PSOE gobierna en 16 de los 18 municipios que lo integran.
