La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha citado a declarar como investigado este próximo martes al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, en relación a una ayuda sociolaboral de 300.000 euros otorgada en 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada cita también como investigados este martes a cuatro exaltos cargos de la Junta, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, y el que fuera técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois.
La juez relata en este auto que, en esta pieza separada de los ERE, se investiga la ayuda concedida al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz por la Dirección General de Trabajo de la Junta, existiendo un escrito de 6 de octubre de 2008 del entonces obispo de Cádiz dirigido al consejero de Empleo "solicitando su colaboración para ayudar a los trabajadores" de dicho centro.
Tras ello, el 13 de febrero de 2009 se firmó un convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y la agencia IDEA por el que la primera le encomienda a IDEA "la materialización del abono de la ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores" del Centro Geriátrico por importe de 300.000 euros.
Según la instructora, "uno de los ejemplares de dicho documento obra sin firmar y en otros dos solamente con la firma" del director general de Trabajo.
SOLICITUD DE AYUDA SIN DOCUMENTACIÓN
Asimismo, el director de Trabajo y el viceconsejero de Empleo firmaron el 18 de febrero de 2009 un documento dirigido a la agencia IDEA por el que "se le requiere para que efectúe la transferencia de 300.000 euros" a una cuenta corriente del BBVA "a favor del convenio de ayudas sociolaborales" de los trabajadores del Centro Geriátrico.
Ya el 30 de julio de 2009, consta una resolución de la Dirección de Trabajo por la que se concede a dichos trabajadores una ayuda por dicho montante, tras lo que la juez alude a un oficio de 31 de julio de 2009 dirigido por la asesora técnica de la Dirección de Trabajo al gerente del Obispado remitiendo "copia de la solicitud parcialmente rellena para que la completen" y donde se les requiere para que les hagan llegar una solicitud firmada y sellada "antes del martes 3 de agosto".
Seguidamente, el Centro Geriátrico realizó la solicitud de subvención por importe de 300.000 euros el día indicado, "sin registro de entrada y sin que se acompañe documentación alguna".
El 11 de septiembre de 2009, Diz-Lois ejecutó la orden de un primer pago de 225.000 euros al Centro Geriátrico, tras lo que, el 4 de febrero de 2010, Juan Márquez, "con el visto bueno" de Agustín Barberá, emitió una resolución del segundo pago de 75.000 euros a la agencia IDEA para el abono del mismo.
Tras ello, concretamente el 15 de febrero de 2010, Diz-Lois ejecutó la orden del segundo pago al Centro Geriátrico.
REVISIÓN DE OFICIO DE LA AYUDA
El 16 de abril de 2012, la Dirección General de Trabajo elaboró una propuesta de inicio del procedimiento de revisión de oficio de la resolución de 30 de julio de 2009 por la que se concedía la ayuda sociolaboral de 300.000 euros a los trabajadores del Centro Geriátrico.
La juez afirma que, una vez iniciado el expediente de revisión de oficio el día 17 de abril, y realizados los trámites administrativos oportunos, el Obispado aportó la documentación, complementándose el expediente con el informe jurídico de la Junta y sustanciándose el procedimiento con una propuesta de resolución del director general de Relaciones Laborales en la que propone declarar nula la resolución por la que se concedía la ayuda y exigir su devolución.
Con fecha 10 de diciembre de 2012, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo emitió una nueva propuesta de resolución proponiendo el archivo del expediente, pues la declaración de nulidad y exigencia de devolución de la ayuda "iría en contra de la buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios".
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Ya el 30 de enero de 2013, el Consejo Consultivo de Andalucía emitió un dictamen, aprobado por unanimidad de la comisión permanente, en el que se dictaminó favorablemente a la propuesta de resolución de archivo del expediente, tras lo que, el 25 de febrero de ese año, el entonces consejero de Economía, Antonio Ávila, dictó una resolución en la que decretó el archivo de las actuaciones.
Cabe recordar que la Guardia Civil, en un atestado elevado al Juzgado, solicitó citar como investigado al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, a cuenta de un presunto delito de tráfico de influencias.
De otro lado, la juez Núñez también ha citado a declarar este martes al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por la ayuda de 871.467,50 euros concedida por la Dirección General de Trabajo al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla).
SAN NICOLÁS DEL PUERTO Y UNIVERSIDAD DE SEVILLA
La juez alude al protocolo de colaboración suscrito el 25 de marzo de 2003 por la Dirección General de Trabajo y el antiguo IFA por el que se acordaba conceder una ayuda al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto para la promoción del empleo mediante la adquisición de la finca 'Poblado Minero del Cerro del Hierro' y otra finca rústica por cuantía de 871.467,50 euros.
Este convenio fue suscrito por Francisco Javier Guerrero y el entonces alcalde de San Nicolás, Francisco Rodríguez Galán, que falleció el 12 de junio de 2014. El pago de la ayuda se efectuó mediante una transferencia bancaria a solicitud del director de Finanzas del IFA fechada el 28 de julio de 2003 por cuantía de 871.467,50 euros, cantidad que "se invirtió efectivamente en la compra de las fincas para lo que se solicitó".
Este martes también deberán comparecer ante la juez, por una ayuda de 30.000 euros concedida a la Universidad de Sevilla, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete; el que fuera técnico de la Dirección de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois, y el director del master, Francisco José González.
La magistrada relata que, en esta pieza, se investiga la ayuda de 30.000 euros concedida a la Hispalense "a través" de Francisco José González, director del master en Gestión Integral de Asociaciones sin ánimo de lucro: Fundaciones y ONG, por parte del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, mediante una resolución de ayuda de 20 de septiembre de 2007.
Al hilo de ello, la instructora manifiesta que dicha resolución de ayuda, posteriormente, fue desarrollada y acordada a través del convenio de 30 de septiembre de 2008 firmado por Juan Márquez y Jacinto Cañete, tras lo que se materializó con la orden de pago de la ayuda de 3 de octubre de 2008 firmada por el propio Márquez "con el visto bueno" de Barberá y Diz-Lois.
El pago de la ayuda se efectuó mediante una transferencia bancaria con cargo a la partida 31L., sostiene la juez.
