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Jueves 31/10/2024
 

Almería

Un almeriense cobrará 25.500€ por una ortodoncia que acabó en desastre

Debido a la mala praxis de los profesionales, le ocasionó la pérdida de seis piezas dentales y le obligó a someterse a un proceso médico rehabilitador

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  • Odontología desastrosa -

Un vecino de Almería será indemnizado con 25.500 euros por los daños sufridos tras haberse sometido a un tratamiento de ortodoncia que, debido a la mala praxis de los profesionales, le ocasionó la pérdida de seis piezas dentales y le obligó a someterse a un proceso médico rehabilitador.

El acuerdo extrajudicial, impulsado por el letrado de El Defensor del Paciente Ignacio Martínez, establece que la compañía AMA, como aseguradora de la clinica odontológica M&F, debe indemnizar al paciente por "daños secundarios" a una mala praxis médica, según ha informado la asociación.

El caso se remonta a septiembre de 2008 cuando R.S.M, de 30 años de edad en ese momento, acudió a la clínica odontológica M&F de Almería para someterse, con el fin de mejorar su estética bucal, a un tratamiento de ortodoncia consistente en la colocación de unos brackets.


Sin embargo los odontólogos de la citada clínica, con "infracción" de los protocolos médicos aplicables, comenzaron el tratamiento "sin realizar las mínimas pruebas diagnósticas necesarias para planificar el mismo con garantías".

En concreto, no consta que se le realizara una telerradiografía que permitiera un estudio cefalométrico previo, estudio indispensable para una diligente práctica médica.

A raíz de lo anterior el tratamiento se prolongó en el tiempo, ocasionando que el paciente perdiera seis piezas dentales y que debiera someterse a un proceso médico rehabilitador "mucho más complejo y costoso con implantes dentale"s.

Por estos hechos el paciente acudió a la asociación El Defensor del Paciente, que a través de los letrados del despacho de Ignacio Martínez Abogados interpusieron una demanda contra la compañía AMA.

Antes de celebrarse el juicio, la aseguradora accedió a indemnizar extrajudicialmente al reclamante con la cantidad de 25.500 euros, poniendo fin con ello al proceso judicial abierto.

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