La última macrorredada de la Interpol y de la Europol contra el fraude alimentario en más de 60 países ha incluido una operación de la Guardia Civil contra la venta de almejas sin depurar, contra el "blanqueo" de una actividad ilícita que persiste en el tiempo y deja rastro en los caladeros y en la salud.
"Rastro" es precisamente el nombre del arte con el que se capturan las almejas y otros bivalvos, una pesca regulada por una normativa europea muy estricta para prevenir los perjuicios para la salud que puede tener la ingesta de estos productos si no son debidamente depurados. Y para evitar que se esquilmen los caladeros.
Porque, si no son depurados, los moluscos bivalvos, que se alimentan por filtración, pueden concentrar los contaminantes que se hallan en el agua, los fangos y lodos en los que habitan y, por tanto, provocar toxiinfecciones alimentarias.
Consciente de ello, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil trabaja desde hace años para echar el anzuelo a quienes, sin importarles las consecuencias de su actividad en la salud del consumidor, quieren triplicar sus beneficios y, comenzando por la pesca furtiva, actúan con un particular "modus operandi" que ya no les está saliendo gratis.
Incluida por la Interpol y por la Europol en la operación Opson, la intervención española se desarrolló en Isla Cristina (Huelva) y concluyó con la incautación por el Seprona de 530 kilos de almejas, muchas muertas y con mal olor, y con cuatro personas investigadas (imputadas) pertenecientes a una empresa que comercializaba con moluscos no aptos para el consumo humano.
De todos modos, las investigaciones posteriores y el análisis de la documentación permitió constatar que se habían puesto en el mercado al menos 5.000 kilos de almeja japonesa sin depurar, es decir, nada más y nada menos que cinco toneladas.
La forma de actuar puede extrapolarse a otros casos en los que la Guardia Civil ha intervenido, sobre todo, en Huelva y Cádiz. Llueve sobre mojado en esta actividad ilícita, a la que la crisis económica ha empujado a más de uno, según subrayan a Efe fuentes del Seprona.
Y es que los beneficios que se obtienen no son nada despreciables, porque se compran las almejas al furtivo a 2 euros el kilo y se venden a puestos de mercado y pescaderías a 6 euros. Lo que paga el consumidor final ya no entra en las cuentas de estas pequeñas tramas delictivas.
Antes de nada, hay que meter en la cesta a los moluscos y tender la red en algún caladero. Aquí las "artes" de los que se saltan las normativas son varias: desde el que pone el "rastro" en un caladero de Portugal prohibido por su alto nivel de contaminación hasta el que lo hace en aguas españolas en tiempo de veda y documenta, falsamente, su captura en el país vecino.
Una vez los bivalvos en su poder, la cesta sigue llenándose de infracciones a los reglamentos autonómicos, nacionales y comunitarios.
La primera de ellas es no llevar el producto a una depuradora, como es obligado, o sólo hacerlo con una parte de las almejas. Por ejemplo, según relatan las fuentes del Seprona, si se capturan 800 kilos, se trasladan a la depuradora 200 para obtener la etiqueta que acredita la depuración, falsificarla después y estamparla en los otros 600 kilos.
Con ello, se ahorran dinero porque a la depuradora hay que pagarle el servicio.
Es habitual que estos infractores falsifiquen los documentos de registro que atestiguan el origen del molusco y que, según las normas de la Comisión Europea, deben acompañar el transporte de los bivalvos desde la zona de producción hasta el centro de depuración o transformación.
Así, con la falsificación de etiquetas y documentos de registros se "blanquean" los moluscos capturados furtivamente, por veda o excesos de cupo, o los obtenidos por mariscar en zonas prohibidas (contaminadas).
Falsificación documental y contra la salud pública son los delitos que pueden imputarse a estos infractores, que ya han visto cómo algunos jueces han dictado condenas por el intento de comercializar bivalvos con toxinas, como la de 10 meses de cárcel impuesta recientemente por un juzgado de Huelva.
No es solo en la zona sur donde se han detectado estos delitos contra la salud pública. En 2015 la Guardia Civil ya detuvo a 13 personas y decomisó 2.000 kilos de almeja ilegal extraída en los llamados bancos sucios (vetados) de la ría de Ferrol (A Coruña), por poner solo un ejemplo.
