os funcionarios acusados de espiar nóminas de altos cargos del Ayuntamiento de Granada han negado ante el tribunal haber realizado en 2012 un ataque al Sistema de Información Municipal (SIM) para poner en evidencia la presunta inseguridad del sistema informático, alegando que, por el contrario, fueron ellos quienes lo detectaron y actuaron de forma "diligente" para intentar que se retirara de la web la aplicación que estaba permitiendo el acceso indiscriminado a información "sensible" y "confidencial".
Igualmente, han enmarcado el acceso que realizaron a determinadas nóminas en las comprobaciones llevadas a cabo para conocer la "magnitud" del asunto y con "la esperanza" de que el problema no persistiera.
Ambos funcionarios han declarado este lunes como acusados en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Granada por este procedimiento, en el que el Ayuntamiento de Granada, que ejerce la acusación particular, se ha adherido a la petición de 16 meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta que solicita la Fiscalía de Granada para cada uno de ellos.
Según han relatado, el fallo se localizó en una aplicación auxiliar diseñada para que los funcionarios de la corporación municipal consultaran por Internet sus nóminas y recibos del IRPF; pero que, sin embargo, permitió durante un periodo que cualquier persona anónima pudiera acceder a documentación del Sistema de Información Municipal que debía estar protegida y que por un "fallo en la seguridad" estuvo expuesta.
Ambos acusados se han desvinculado de la creación directa de esta aplicación, que según han declarado fue desarrollada por otros trabajadores, y han alegado que detectaron lo que estaban ocurriendo cuando uno de ellos, José Antonio S.R., fue llamado a colaborar con el mantenimiento del proyecto.
"Me dio la impresión de que algo iba mal y los informáticos lo primero que hacemos es probar", ha relatado este funcionario de carrera, quien afirma que fue en ese momento y no antes cuando se percató de que se podía acceder a través de Internet a "información confidencial" del Ayuntamiento mediante accesos anónimos para los que no se solicitaba identificación.
Ha reconocido que fue él quien decidió "no abrir un incidente de seguridad", sino alertar directamente al que era su "jefe directo" y concejal competente en aquellos momentos, Juan Antonio Fuentes (PP), en vez de a las personas responsables de esa aplicación, de modo que fuera él quien tomara las decisiones oportunas.
El fiscal del caso, Francisco Hernández, opina que la pretensión de ambos funcionarios era "poner en evidencia la presunta inseguridad" del sistema informático tras su destitución como responsables del Centro de Proceso de Datos municipal (CPD), motivo por el que supuestamente accedieron a nóminas de altos cargos del Ayuntamiento, entre ellos el que fuera alcalde, José Torres Hurtado, o la secretaria municipal, sin que se pusieran en contacto en un primer momento con los técnicos responsables de la aplicación para que se solventara la incidencia.
El otro funcionario acusado, Eduardo P.F., ha negado extremo, alegando que entendieron, asesorados por la Asesoría Jurídica municipal, que, "dada la gravedad de los hechos" debía ser el concejal el que conociera el asunto y decidiera al respecto, negando que fuera objeto de ninguna destitución que justificara el comportamiento del que se le acusa.
"Si yo hubiera tenido acceso al servidor web donde se colocó la aplicación, la habría retirado", ha dicho este funcionario, que ha justificado el acceso a varias nóminas que hizo en su deseo de analizar la magnitud del problema y comprobar si, por ejemplo, era posible buscar nóminas o documentos concretos. De hecho, afirma que llegó a tener una actitud "vehemente" con el edil Juan Antonio Fuentes para que eliminara ese fallo de seguridad al entender que éste no le estaba dando prioridad.
Sobre la rueda de que prensa que él, como miembro del sindicato CCOO, y otros representantes sindicales dieron sobre este asunto, ha defendido que lo hizo para aclarar las acusaciones que se habían vertido en los medios contra ellos y sin que en el relato de los hechos se facilitaron datos confidenciales.
El juicio contra los dos acusados, para los que la Fiscalía y el Ayuntamiento de Granada también solicitan que afronten los 7.780 euros que provocaron supuestamente en gastos al Ayuntamiento con su presunta forma de proceder, continuará este martes y prevé prolongarse hasta el próximo jueves. Están acusados de un delito contra la seguridad de sistemas de información.
