El promotor del Frente Cívico 'Somos Mayoría' (FCSM) y miembro del Colectivo Prometeo, Julio Anguita, junto a otros integrantes del mismo, ha señalado este martes el delito de "prevaricación" en el que pueden haber incurrido las administraciones públicas que han permitido que la Iglesia Católica haya inmatriculado en Córdoba al menos 180 bienes inmuebles, muchos de ellos públicos, como la Plaza de la Marina, en el Parque Figueroa, una barriada de viviendas de protección oficial que data de 1970.
Así lo han detallado en rueda de prensa Antonio Pintor, Juan Rivera, Juan García y Pedro Antúnez, miembros del Colectivo Prometeo, que, junto a Anguita, han criticado como la Iglesia, a lo largo de las últimas décadas y al amparo de la franquista Ley Hipotecaria, reforzada aún más en favor de la Iglesia en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, se ha dedicado a la "usurpación" de múltiples bienes en toda España, no limitándose a hacerse, "con una opacidad increíble", con templos u otros bienes de carácter religioso.
Es más, este tipo de bienes inmatriculados por la Iglesia son minoría, al menos en el caso de Córdoba, donde, de los citados 180 bienes, según los datos que maneja el Colectivo Prometeo, solo 36 son iglesias, parroquias o ermitas, encontrándose entre ellos la Mezquita-Catedral o la Iglesia de San Agustín, que fue inmatriculada por la Iglesia después de que la Junta de Andalucía la restaurase y recuperase del abandono, mientras que en el resto del listado (144 bienes) se incluyen 55 viviendas, 36 locales comerciales y sótanos, 16 plazas de aparcamiento o garajes, 16 solares, parcelas y manzanas, y tres fincas.
También ha inmatriculado la Iglesia en Córdoba inmuebles o espacios singulares, como el Palacio Episcopal, el Compás de San Francisco, el Alminar de San Juan de los Caballeros, la Huerta Figueroa (la citada Plaza de la Marina del Parque Figueroa), la Plaza de la Fuensanta o la Plaza del Triunfo de San Rafael, dándose la circunstancia, en este último caso, según ha recordado Anguita, que siendo él alcalde de la ciudad, dicha plaza "se arregló" en 1983 con dinero del Ayuntamiento, sencillamente porque "era propiedad municipal", y así constaba en el listado de bienes del Consistorio.
Todo ello ha llevado a Anguita a recordar que "el llamado Estado de Derecho" obliga a todas las administraciones públicas, además de a la judicatura, a "defender los bienes públicos", de modo que cuando no lo hacen "y se inhiben, se apartan o ayudan" a que dichos bienes sean usurpados, "cometen prevaricación".
En consecuencia, al Colectivo Prometeo le resulta "alarmante", en este sentido, "la falta de celo por parte de las administraciones, responsables del cuidado y protección del patrimonio público, en la recuperación de los bienes comunes", siendo también preocupante "que, ante unas leyes en un estado aconfesional que han permitido la usurpación por la Iglesia de miles de bienes sin documentos de propiedad (en toda España), no se actuara preventivamente y, lo que es aún peor, no se haya actuado legislativamente para revertir la situación, por parte de ninguna instancia del Estado".
También alarma al Colectivo Prometeo y por eso hace pública toda esta información, "la inactividad de la ciudadanía ante el desposeimiento de sus bienes por parte de una organización privada", la Iglesia Católica, "cuyo centro máximo de poder está en un estado extranjero, quizás por desconocimiento de los hechos y de las graves consecuencias de los mismos".
En conclusión, para el Colectivo Prometeo "estamos ante una realidad que sobrepasa ideologías y creencias, que debe enmarcarse en la exigencia de aplicar una justicia que se sustente en la razón y no en la fe, en hechos y no en creencias. No se trata de ir contra nadie, sino de defender lo público, lo común, lo que nos pertenece a todos".
