El Gobierno está estudiando las casi 6.000 enmiendas parciales registradas en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado y está dispuesto a vetar la tramitación parlamentaria de aquéllas que, a su entender, alteren el programa de estabilidad comprometido con Bruselas que llega hasta 2020.
En fuentes oficiales se ha asegurado a Europa Press que, aunque no hay un procedimiento específico sobre la revisión de los Presupuestos, el Gobierno entiende que también para las cuentas generales es aplicable el artículo 134.6 de la Constitución que le da capacidad para vetar proposiciones de ley y enmiendas que alteran los
presupuestos en curso, ya sea por aumento de gasto o por disminución de ingresos.
LOS PRECEDENTES DE ZAPATERO
Acogiéndose a los precedentes del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que ya aplicó su derecho de veto a enmiendas de la oposición a raíz de los recortes de mayo de 2010, los distintos departamentos del Gobierno están ya revisando las miles de enmiendas registradas por los grupos parlamentarios de la oposición.
Por un lado está comprobando si, tal y como establecen las normas parlamentarias, toda propuesta de adición de gasto va acompañada de la correspondiente reducción equivalente, de tal manera que el resultado global se mantiene inalterable.
Pero además de ese aspecto formal, el Gobierno quiere asegurarse de que las enmiendas de la oposición no ponen en duda los compromisos de gasto del programa de estabilidad que se envía a Bruselas, tanto el vigente plan 2016-2019 como el programa 2017-2020 que se ha enviado a la Unión Europea tras aprobarse el proyecto de Presupuestos Generales.
PLAZO DE VETO HASTA EL DÍA 22
En uno de sus últimos vetos a leyes de la oposición, concretamente el presentado para bloquear la proposición de ley para cerrar las nucleares, el Gobierno ya adelantó el criterio de que su capacidad de veto no se limita a iniciativas que afecten a los presupuestos en curso, sino que debe velar por "garantizar el principio de estabilidad presupuestaria contenido en el artículo 135 de la Constitución", aquel que PP y PSOE pactaron de forma urgente en 2011.
Eso sí, a diferencia del plazo de 30 días establecido para dar o no conformidad a la tramitación de proposiciones de ley, en el caso de los Presupuestos los plazos son mucho más cortos porque es una ley que tiene prioridad en la Cámara. En todo caso, en Moncloa entienden que disponen de plazo hasta que la Comisión de Presupuestos empiece a debatir su dictamen el día 22.
