La Fiscalía Provincial de Almería ha interpuesto una denuncia ante los juzgados de la capital al considerar que existen indicios de delito en la actuación desarrollada en febrero de este año por la Dirección General de Carreteras en el núcleo de El Chuche, en Benahadux (Almería) donde se haya una zona arqueológica declarada BIC en 1999 que podría haber sido destruida parcialmente a raíz de los trabajos realizados en la carretera.
La denuncia del Ministerio Público interpuesta este lunes llega tras el escrito presentado a finales del pasado mes de febrero por la asociación Amigos de La Alcazaba, que tras la actuación para el acondicionamiento de una rotonda interesó que se investigara un posible delito contra el patrimonio histórico.
Según las estimaciones iniciales de la asociación, los trabajos supusieron "el desmonte y allanamiento de casi 8.000 metros cuadrados", y la invasión de "prácticamente los 1.000 metros cuadrados del yacimiento arqueológico prehistórico, ibérico, púnico y romano de El Chuche".
En un comunicado, la entidad ha valorado la acción de la Fiscalía y ha expresado su confianza en que "la justicia esclarezca los hechos y sea un paso para proteger mejor el patrimonio almeriense". Cabe recordar que la entidad llegó a ampliar su denuncia el 20 de marzo con documentación relativa a la localización del área afectada y del desmonte de una parte del yacimiento arqueológico, así como con material fotográfico.
Tras apertura de una investigación por parte de la Fiscalía por estos hechos, por los que además la Junta de Andalucía incoó un expediente informativo, la Subdelegación de Gobierno defendió la actuación de la demarcación de carreteras y aseguró que en el lugar "ni se ha excavado, ni se ha alterado" el yacimiento arqueológico.
Pese a esto, desde Amigos de La Alcazaba han criticado la actuación del subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, quien ha "justificado" las obras y quien se ha dirigido "de manera impropia" a la entidad. "Nos ha dirigido una retahíla de descalificaciones y ataques por el hecho de que haber cumplido con lo establecido por la ley al denunciar los hechos ante la Fiscalía Provincial", ha valorado la presidenta de Amigos de La Alcazaba, Teresa Pérez.
Cabe recordar que la Subdelegación de Gobierno inició un expediente contra la asociación por "no comunicar una concentración espontánea" en el yacimiento, lo que les expuso a una sanción administrativa de carácter leve con una multa máxima de 600 euros. "Dicha multa, que ha sido recurrida por Amigos de la Alcazaba sin respuesta administrativa alguna, es una demostración palpable de las dificultades que se ponen a la asociación para cumplir con la legítima función social que nos reconocen todas las leyes democráticas", han criticado.
