Las colas y las aglomeraciones se han repetido hoy en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, en el tercer día de paros parciales de los vigilantes de seguridad, un conflicto laboral que ha pasado al terreno político, con cruces de acusaciones entre el Gobierno y la Generalitat por la gestión del mismo.
Los trabajadores de Eulen, la empresa responsable de los controles de acceso, han vuelto a realizar cuatro paros de una hora durante la jornada (a las 05.30, 10.30, 16.30 y 18.30 horas), lo que ha provocado colas de más de una hora por la mañana en los filtros de seguridad, mientras que por la tarde la situación ha sido más tranquila.
Los usuarios, conscientes del conflicto que enfrenta a la dirección y al comité de Eulen, que reclama mejoras laborales y salariales, han acudido a El Prat con muchas horas de antelación por el temor de perder sus vuelos, lo que ha provocado una mayor acumulación de personas en las terminales.
Las dos partes en conflicto, y tras más de nueve horas, han dado por finalizada sin acuerdo, la reunión de hoy celebrada bajo la mediación del departamento de Trabajo de la Generalitat.
El encuentro no ha servido por el momento para llegar a un acuerdo, de manera que el comité de Eulen mantiene los paros parciales para los próximos días 11 y 13 de agosto, así como la convocatoria de huelga indefinida de 24 horas a partir del lunes día 14.
El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha reconocido un acercamiento entre las partes, pero ha asegurado que la negociación aún está a "medio camino".
En este sentido, la empresa ha ofrecido una subida salarial de 155 euros -había empezado ofreciendo 30 euros-, aunque la cantidad está aún muy lejos de los 350 euros que reclaman los trabajadores.
Empresa y trabajadores volverán a reunirse mañana a partir de las 09,00 horas.
En declaraciones a la prensa, Juan Carlos Giménez ha criticado también la politización que partidos e instituciones de un conflicto que es meramente "un tema de trabajadores" que reivindican unas mejoras laborales.
Y es que las largas colas en los controles de seguridad que se registran desde hace dos semanas en el Aeropuerto de Barcelona han servido a Gobierno y Generalitat para acusarse mutuamente de la responsabilidad de esta situación.
Miembros de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) han repartido folletos esta mañana en El Prat culpando al Estado de las colas en los filtros de seguridad y apostando por votar "sí" en la consulta independentista anunciada por el Govern para el 1 de octubre.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a la Generalitat que "ejerza sus competencias" en el conflicto abierto entre Eulen y los trabajadores y que no haga política con este tema.
Tras despachar con el Rey en el Palacio de Marivent, Rajoy ha reclamado "sensatez, sentido común y responsabilidad" para resolver con la "mayor celeridad" este problema.
En este sentido, el secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte, Julio Gómez-Pomar, ha afirmado que es la Generalitat, la autoridad competente, la que debe mediar entre Eulen y sus trabajadores, aunque Aena y el Gobierno prestarán su colaboración.
También desde el grupo parlamentario popular, Miguel Barrachina, ha reclamado que "no se use políticamente" el conflicto por parte de aquellos que reclaman competencias "que después no son capaces de ejercer".
Barrachina ha apelado tanto "a la responsabilidad" de Eulen como a la de los trabajadores, y a que sean conscientes "del daño" que se hace con la huelga a los usuarios del Prat y "a Españqa como primer destino europeo de vacaciones".
A través de Twitter, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha asegurado que "ni al Estado ni a Aena les importa" la situación en el aeropuerto barcelonés y que observan el conflicto "desde lejos", sin responsabilizarse del mismo.
Rull ha denunciado la "incomprensible" y "prolongada inacción" del Gobierno y ha dicho que el modelo de Aena es "insensible y alejado de las necesidades reales de personas y empresas".
El portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso, David Serrada, ha presentado una batería de preguntas para que el Ejecutivo explique las medidas para solventar el conflicto de los trabajadores de seguridad en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
El portavoz del grupo parlamentario del PPC, Alejandro Fernández, ha asegurado que la Generalitat no ejerce su competencia de mediación en el conflicto laboral por su "obsesión por desprestigiar al Gobierno de España", en tanto que la diputada de Ciudadanos (Cs) en el Parlament Lorena Roldán ha acusado al Gobierno y al ejecutivo catalán de llegar "tarde y mal" a las conversaciones para dar salida al conflicto.
También los hoteleros de Barcelona han expresado su preocupación por los problemas que "de manera recurrente" vive cada temporada de verano el Aeropuerto de El Prat y que pueden acabar dañando la imagen de la ciudad como destino turístico.
