El Sindicato de la Policía Local Independiente (SPLI) de San Fernando ha denunciado que hasta la fecha, después de dos años de gobierno socialista-andalucista, no se conoce cuál es el sistema de gestión, protección de la salud y seguridad, y criterios de actuación como gobierno local en materia de Prevención de Riesgos Laborales con los empleados municipales.
Por la normativa vigente, se viene incumpliendo en el Ayuntamiento de San Fernando la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo, al no garantizarse el derecho de los empleados municipales a una protección eficaz y una adecuada política de seguridad, salud e higiene en el desempeño de la actividad pública, por lo que en esta legislatura, ya la Inspección de Trabajo ha visitado las dependencias municipales, vehículos patrullas y trabajadores durante su jornada laboral, por denuncia de las organizaciones sindicales y empleados municipales afectados o accidentados, o cuando supone un riesgo para la ciudadanía.
En relación con el servicio de Policía Local, el Ayuntamiento de San Fernando puede estar interpretando conforme al art. 3.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que la POLICÍA está excluida del ámbito de esta Ley, sin embargo son varias las sentencias e informes de Defensor del Pueblo como el de Andalucía, que indican que las Administraciones Locales deben integrar dentro de sus servicios de Prevención de Riesgos Laborales a los miembros de los Cuerpos de Policía Local, con el alcance dispuesto en la Sentencia de 12 de enero de 2006 (asunto C-132/2004) del Tribunal de Justicia Europeo (Sala segunda), en consonancia con art. 2.2 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo de 12 de Junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que incluso en situaciones de gravedad excepcional exige a las autoridades competentes que velen para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la "medida de lo posible" .
En el caso de los funcionarios de la Policía Local, dada la situación de alerta por terrorismo en la que se encuentra España y la inclusión de las Policías Locales en el protocolo de autoprotección y seguridad antiterrorista, se mantiene la vigilancia en la ciudad con policías en solitario (patrulla unipersonal) y la utilización de los 10 chalecos antibalas que posee el Ayuntamiento de uso compartido para toda la plantilla, al traspasarse habitualmente entre los y las agentes de policía y no haber chalecos antibalas para todos, impide la autoprotección a otros efectivos así como su mantenimiento y lavado diario, cuando se han devuelto 27 chalecos antibalas nuevos con un coste total de 21.235,50 euros a la empresa suministradora por presentar deficiencias y ser inadecuados para el trabajo policial ordinario.
Otro incumplimiento es que todavía el Consistorio no ha encontrado una solución en materia de prevención y seguridad laboral, para la renovación de la uniformidad reglamentaria pendiente desde hace dos años, acumulando 240.000 euros para su compra, y tampoco se han adoptado medidas de descanso que compensen a los policías en activo de la carga de trabajo, ante el proyecto político de la reducción de efectivos en la plantilla y en los turnos de tardes, noches, días no laborables y festivos.
“Como se puede observar, ni por parte de la alcaldesa, ni del Gobierno Municipal y ni del concejal de Policía Local y Recursos Humanos, Ignacio Bermejo, además presidente del Comité de Seguridad y Salud Laboral del Ayuntamiento de San Fernando, que lleva meses sin convocar una reunión de negociación de este órgano, tienen el más mínimo interés en solucionar los problemas de sus funcionarios policiales en esta legislatura”, dice el sindicato.
