Según el Ministerio, esta nueva norma permitirá mejorar la coordinación entre la Policía, la Guardia Civil, el Ministerio de Justicia y la Administración Penitenciaria.
Hasta ahora, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil mantenían protocolos de actuación diferenciados y destinados a sus respectivos ámbitos competenciales.
Las conducciones de presos para la realización de gestiones fuera de los centros penitenciarios, como diligencias judiciales o asistencia a consultas médicas hospitalarias, son habituales y obligan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a realizar un elevado número de servicios diarios.
El nuevo protocolo establece la distribución de competencias entre la Policía y la Guardia Civil, tanto en los traslados de los reclusos como en su custodia, determina toda la documentación que la Administración Penitenciaria y las unidades responsables deben cumplimentar durante todo el proceso, los procedimientos de prevención y actuación en caso de fuga y los partes de incidencias.
Igualmente, pone en marcha medidas adicionales en casos específicos, como en el traslado de reclusos incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES); las conducciones a juzgados, hospitales, o incluso a actos familiares o sociales.
