El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción de Ciudadanos que aboga por iniciar "contactos" con el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Tomares, para que el conjunto de administraciones logren "soluciones" al caso de la urbanización Sport Aljarafe, ubicada sobre una ladera de dicho municipio y donde once viviendas han sido desalojadas por los deslizamientos de tierra de dicho escarpe.
Hablamos del caso de la urbanización Sport Aljarafe, construida hace décadas sobre una ladera de Tomares y donde desde abril de 2016, un total de once viviendas han sido desalojadas como consecuencia de las deficiencias arquitectónicas que sufren. Dichos problemas arquitectónicos derivan, precisamente, de los corrimientos de tierra detectados en la ladera donde se asienta la urbanización.
Mientras las medidas propuestas para corregir la situación de la ladera suponen un coste de unos 5,7 millones de euros, las once familias desalojadas de sus viviendas recibieron de abril a diciembre de 2016 ayudas municipales de 400 euros mensuales para costear los alquileres alternativos afrontados a cuenta de su desalojo. No obstante, estas familias no han recibido ninguna subvención durante los meses transcurridos de 2017.
Porque aunque el Ayuntamiento propuso en marzo de este año una nueva línea de ayudas de hasta 600 euros al mes para el alquiler, no media acuerdo entre las partes en cuanto a esta línea de ayudas. Las familias afectadas, en ese sentido, vienen avisando de que el Consistorio, gobernado por José Luis Sanz (PP), no accede a aplicar este año subvenciones lineales para cada unidad familiar, pese a que todas fueron desalojadas por la misma situación.
Después de diferentes variaciones, y como manifestaba recientemente a Europa Press una portavoz de las familias, estas personas habrían aceptado finalmente el último modelo de ayudas propuesto por el Ayuntamiento, dada la situación que afrontan al sufragar "impuestos, hipotecas", alquileres alternativos y la "monitorización del terreno" afectado, sin ningún respaldo municipal durante este año.
"LA MÁXIMA IMPLICACIÓN POSIBLE"
Y a la espera de que entre en vigor la nueva línea de ayudas municipales, pues las familias se quejan ahora de demoras en su aprobación, el portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Javier Millán, ha defendido esta moción que reclama "la máxima implicación posible" del conjunto de las instituciones en esta situación, porque el Ayuntamiento "no puede resolverla en solitario".
Por eso, la moción aboga por un trabajo conjunto de "todas las administraciones", para afrontar el asunto con subvenciones para las familias, "exenciones fiscales" al menos en las tributaciones relacionadas con las viviendas afectadas y la búsqueda de financiación para corregir los deslizamientos de la ladera.
Durante el debate plenario, todos los grupos políticos han apoyado la moción, si bien el diputado de Participa, Julián Moreno, ha preguntado por el papel de "los promotores" de la urbanización, porque "lo hicieron mal en su momento" y quizá proceda "iniciar acciones" en su contra. María Izquierdo, por IU, ha abogado de su lado por que las ayudas municipales para las familias afectadas no sean ceñidas a un "criterio de renta", al tratarse de una "indemnización" por la situación que afrontan.
Y mientras desde el Grupo socialista se ha mostrado disposición para que la institución provincial "medie" y colabore en el asunto, manifestando que el Ayuntamiento "está haciendo sus deberes dentro de sus posibilidades", el diputado popular y concejal de Presidencia del Consistorio de Tomares, Eloy Carmona, ha defendido especialmente la gestión municipal de este asunto.
"APOYO INCONDICIONAL"
Así, ha enfatizado el "apoyo incondicional" del Ayuntamiento a las familias afectadas y el "importante esfuerzo" económico afrontado para combatir la situación, que según el edil de Presidencia superaría los 227.000 euros en los últimos años para diversos aspectos, entre ellos 86.000 euros para la línea de ayudas de 2016. En paralelo, ha alegado que los procedimientos necesarios para cada maniobra relacionada con este caso "son largos y necesitan su ajuste jurídico y presupuestario".
"Estamos haciendo un importante esfuerzo", ha insistido Eloy Carmona, quien ha expuesto que el Ayuntamiento ya se ha dirigido a todas las administraciones buscando colaboración y apuesta por "confinanciar" la reparación de la ladera, cuyo coste se eleva a unos 5,7 millones de euros. La moción, finalmente, ha sido aprobada por unanimidad.
