El Parlament ha aprobado hoy, con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, una resolución en cuyo preámbulo se declara la independencia de Cataluña y otra en la que se plantea abrir un "proceso constituyente" para redactar la Constitución del nuevo Estado.
"Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república", proclama el texto presentado por JxSí y la CUP.
Esta resolución, aprobada por 70 síes, 10 noes y 2 papeletas en blanco, se ha votado en urna y de forma secreta, con la ausencia de los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PP, que han abandonado el hemiciclo.
También en su preámbulo -y no en la parte votada, porque JxSí y la CUP consideran que la independencia ya fue votada por la ciudadanía en la jornada del 1-O-, la resolución dice: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".
Cuando buena parte de los diputados de la oposición ya habían salido del hemiciclo, JxSí ha pedido el voto secreto, por lo que los diputados han sido llamados uno por uno por los miembros de la Mesa y han introducido su papeleta en una urna.
Al término de la votación, los diputados que aún permanecían en el hemiciclo se han levantado para cantar el himno catalán, "Els Segadors", y han salido entre besos, abrazos, caras de euforia e incluso algunas lágrimas de emoción como las del cantautor y diputado de JxSí, Lluís Llach.
Cuando se dirigía a su despacho, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien hoy acompañaba su esposa, Marcela Topor, ha sido ovacionado por diputados de JxSí, alcaldes y otros invitados que se encontraban en ese momento en los pasillos del Parlament.
Entre los puntos de la resolución clave que sí se votaban, el Parlament insta al Govern a aprobar los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que crea un "marco legal catalán"-, empezando por la "expedición a la ciudadanía" de los documentos de identidad catalanes.
Se propone impulsar un "tratado de doble nacionalidad" con el Gobierno de España, promover "ante todos los Estados e instituciones el reconocimiento de la república catalana" y establecer el "régimen de integración en la administración de la Generalitat" de todos los funcionarios -salvo que renuncien a ello- que hasta ahora prestaban sus servicios en la administración general del Estado en Cataluña.
Se insta a adoptar las medidas necesarias para el "ejercicio de la autoridad fiscal, de la seguridad social, aduanera y catastral" y para la creación de un "banco público de desarrollo al servicio de la economía productiva", así como de un "Banco de Cataluña, con las funciones de banco central".
También se plantea "abrir un periodo de negociaciones con el Estado español" para abordar la "sucesión del Estado catalán mediante un acuerdo, en derechos y obligaciones de carácter económico y financiero".
Asimismo, la resolución llama a "elaborar un inventario de bienes de titularidad del Estado español, radicados en el territorio nacional de Cataluña, a fin de hacer efectiva la sucesión en su titularidad", y a "elaborar una propuesta de reparto de activos y pasivos entre el reino de España y la república de Cataluña".
Por otra parte, el texto pide al Parlament abrir una "investigación para determinar las responsabilidades" del Gobierno central "en la comisión de delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, individuales y colectivos" para evitar que el 1 de octubre se celebrara el referéndum.
