Rubén Fabián Benítez y Néstor Óscar Durán, ambos escoltas del fiscal argentino fallecido Alberto Nisman, aseguraron hoy ante la Justicia argentina que las órdenes de actuación las solía dar Nisman y que ellos, "más que custodios, eran chóferes", explicaron a Efe fuentes judiciales.
"Lo que dijeron era que ellos cumplían órdenes de traslado, más que custodia eran chóferes", que "no tenían protocolo escrito sobre qué hacer y qué no hacer" y que "las órdenes las daba Nisman", precisó el fiscal federal Eduardo Taiano.
En una declaración indagatoria a la que fueron citados hoy como investigados, ambos aseguraron no haber recibido ninguna orden para reforzar la vigilancia de Nisman el día de su muerte ni los días anteriores.
Nisman, que investigaba un atentado perpetrado en 1994 contra una organización judía de Buenos Aires y había denunciado a la presidenta Cristina Fernández, y algunos de sus colaboradores por presunto encubrimiento de los autores, supuestamente iraníes, murió de un disparo en la sien en su domicilio el 18 de enero de 2015 y a su lado fue hallada una pistola que no era suya.
En ese sentido, Benítez insistió en que Nisman "le pidió si le podía comprar un arma a nombre de él y le dijo que no".
Esta explicación es similar a la que dio el técnico informático Diego Lagomarsino -imputado como sospechoso de la muerte-, quien sí le dio a Nisman la pistola, que afirmó que le había pedido el propio fiscal para proteger a sus hijas.
En su declaración ante el fiscal, Benítez dijo que no informó de esta petición de Nisman a sus superiores porque "no lo vio como algo tan importante".
Según Taiano, "ellos no cumplieron con su deber", ya que "no lo custodiaron como deberían custodiarlo" y denunció "negligencia" en su labor.
Este miércoles será el turno de Luis Ismael Miño y Armando Niz, quienes eran los responsables de proteger al fiscal el día que apareció muerto.
Nisman fue hallado muerto en su casa de Buenos Aires en la víspera de su comparecencia en el Congreso para detallar la denuncia contra Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de los presuntos autores iraníes del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos.
