El portavoz municipal de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, ha reclamado este martes al gobierno de Juan Espadas (PSOE) que acate y cumpla la última resolución del Defensor del Pueblo Andaluz en la que se cuestiona seriamente su gestión de las zonas verdes de Sevilla y se le pide un cambio de rumbo en coherencia con el modelo de ciudad contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la legalidad vigente.
La resolución del Defensor del Pueblo Andaluz parte de la queja planteada por la Red Ciudadana de Sevilla a cuenta de la eliminación del parterre que se ubicaba en la intersección de la Avenida Eduardo Dato con la calle Beatriz de Suabia. Esta superficie de 220 metros cuadrados, calificada como dotación de espacio libre-zona verde, fue enlosada y pavimentada en marzo de 2015 por el gobierno de Espadas y hoy es ocupada por veladores. Una privatización por la vía de hecho que no es la primera que se produce en el Distrito Nervión y que además se ha llevado a cabo al margen de los procedimientos previstos en la normativa urbanística.
En el marco de una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por representantes de la Red Ciudadana de Sevilla, González Rojas ha calificado de “demoledora” esta resolución, asegurando que supone una “enmienda a la totalidad” a la política medioambiental de Espadas, a quien el Defensor del Pueblo Andaluz “le ha sacado tarjeta amarilla con este tema”.
“Que no se vuelva a repetir”
Y es que, en su escrito, Jesús Maeztu, además de recordar al alcalde el “deber legal” que tiene de cumplir el planeamiento urbano, le recomienda que “evalúe la situación actual” de los espacios y zonas verdes de la Avenida Eduardo Dato a fin de tomar “las medidas necesarias” para que éstos “ofrezcan a la ciudadanía la calidad ambiental que cabe demandar a tenor de su configuración el PGOU”.
Igualmente, el Defensor del Pueblo pide al Ayuntamiento que “proceda a recuperar las zonas ajardinadas que han sido suprimidas en distintos tramos de la avenida Eduardo Dato” y que, “de cara a un futuro”, no vuelva a permitir la eliminación de ninguna de las pocas que quedan en esta vía.
Maeztu rechaza además los pretextos esgrimidos por el gobierno del PSOE para pavimentar el parterre de Eduardo Dato (que no había ya árboles en buen estado, que existen canalizaciones de servicios bajo tierra…), recalcando el hecho de que esas excusas ponen de manifiesto, precisamente, el abandono de las zonas verdes y la necesidad de replantear la intervención para resolver el problema.
No es un caso aislado, sino un modus operandi
Para González Rojas, la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz “confirma lo que Izquierda Unida viene denunciando desde hace tiempo: la nefasta gestión que el gobierno del PSOE está haciendo del arbolado y del patrimonio verde de nuestra ciudad desde el comienzo del mandato”.
Según Rojas, el caso de los parterres eliminados de la Avenida Eduardo Dato no es un hecho aislado, sino que representa un modus operandi sistemático del anterior gobierno local del PP y del actual del PSOE, que “no es congruente con el modelo de ciudad que quieren los vecinos y por el que Espadas supuestamente apuesta”.
Denuncia de los vecinos ante la Junta de Andalucía
Por su parte, la responsable jurídica de la Red Ciudadana de Sevilla, Purificación Torres, ha incidido en el déficit de zonas verdes existentes en uno de los distritos más colmatados de la capital hispalense, como el de Nervión-San Pablo, y que ya de por sí sufre una alta contaminación derivada del excesivo tráfico rodado que soporta, el sector servicios, terciario, la concentración de grandes superficies, etcétera.
Torres ha manifestado la esperanza de la plataforma de que esta resolución sirva para que el Ayuntamiento recupere y rehabiliten todos los parterres que han desaparecido en los jardines de la Avenida de Eduardo Dato, donde en los últimos años se ha perdido el 45% de la masa arbórea existente.
Con todo, ha anunciado que la Red Ciudadana tiene previsto presentar un escrito-denuncia ante la Secretaría de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, al ser la administración con competencias en la materia , en el que “expondremos todos los incumplimientos reiterados del Ayuntamiento con respecto a lo recogido en el PGOU y en la ley urbanística”.
