El Juzgado de lo Penal 4 de Almería ha fijado para el próximo mes de diciembre un nuevo juicio contra la corporación municipal de Zurgena entre los años 2003 y 2007 por autorizar presuntamente la construcción de 21 viviendas en suelo no urbanizable en el paraje de Los Menchones del término municipal.
Este enésimo señalamiento, acordado el pasado día 22, llega después de que cinco de los procesados en esta causa, entre ellos el exalcalde Cándido Trabalón y el exedil de Urbanismo Manuel Tijeras, presentasen recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia que, en el marco de la macrocausa 'Costurero' por corrupción urbanística, les condenó a seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación y a dos años y medio de cárcel y a 14 años de inhabilitación, respectivamente, ya que, en su caso de Tijeras, no estimó acreditado que incurriera en delito de cohecho.
Según la diligencia de ordenación, la vista oral, que se sigue por delitos continuados de prevaricación y contra la ordenación del territorio, se ha señalado para el 3 de diciembre de 2018 si bien las diligencias previas de las que deriva comenzaron en 2011 ante el Juzgado de Instrucción 2 de Huércal-Overa.
El escrito de calificación provisional de la Fiscalía, consultado por Europa Press, sostiene que entre 2003 y 2007 los administradores de la promotora Tisán Sureste SL y un constructor promovieron, con licencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zurgena, 21 viviendas unifamiliares en el paraje 'Los Menchones' en suelo no urbanizable de carácter natural o rural y "teniendo conocimiento de que el suelo era no urbanizable y no autorizable".
Apunta que las licencias para las viviendas fueron aprobadas por la corporación municipal procesada en cuatro plenos en los que votaron a favor de la concesión de las citadas licencias "con previos informes jurídicos elaborados por la secretaria del Ayuntamiento y los técnicos elaborados por dos arquitectos" contratados por el Consistorio.
El Ministerio Público remarca que, tanto las autorizaciones como los informes fueron "emitidos a sabiendas de su injusticia, señalando y aplicando una normativa jurídica errónea a sabiendas" puesto que, según añade, "todos ellos tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable de carácter natural o rural y lo hicieron con el fin de extender el suelo urbano ilícitamente".
Trabalón y Tijeras, así como los exediles Emilia Jesús J.P., José Antonio R.M., Juan M.D., Aniceto L.M., Miguel M.R. y Josefa S.G. se enfrentan a dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público. En la macrocausa 'Costurero' sólo los exconcejales del PSOE Miguel M.R., Jose Antonio R.M. y Juan M.D., fueron condenados a 18 meses de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público de elección popular por delitos continuados de prevaricación mientras que el resto fueron absueltos. No obstante, ha recurrido en casación al igual que el exalcalde y el exedil de Urbanismo.
Para los dos técnicos municipales, Carlos Domingo B.F. y Francisco S.G., que en 'Costurero' admitieron los hechos que se les imputaban y aceptaron la pena interesada por el fiscal, solicita dos años y ochos meses de prisión, respectivamente, e inhabilitación especial por periodo de nueve y siete años.
Para otro de los concejales, P.S.C., que solo participó en uno de los plenos enjuiciados, pide ocho meses de prisión e inhabilitación especial por periodo de siete años.
Según consideró probado la Audiencia Provincial en la macrocausa 'Costurero', que enlaza con las distintas causas desgajadas por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, Trabalón y Tijeras concedieron entre 2003 y 2007 licencias irregulares para la construcción de más de 1.500 viviendas, lo que implica triplicar la población y la puesta en riesgo "el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente", y lo hicieron a sabiendas de que eran "claramente no ajustadas a la legalidad vigente en ese momento y que, de modo flagrante y clamoroso, desbordaban la legalidad vigente".
La sentencia remarcó que ambos estaban "decididos a conceder licencias de obras para la construcción de viviendas en suelo no urbanizable el término municipal de Zurgena" y que lo hicieron mediante prevaricación tanto "comisiva como omisiva".
