La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha urgido a la Junta a acometer la rehabilitación pendiente en el edificio del Banco de España para posibilitar el traslado de la Fiscalía Provincial, que en la actualidad está dividida en cinco sedes propiciando excesivos desplazamientos, duplicidad de tareas en los funcionarios y el pago de alquileres en otros inmuebles por parte del Gobierno andaluz.
Tárrago ha lamentado en una entrevista concedida a Europa Press el hecho de que Granada, capital judicial de Andalucía, no cuente con una sede para su Fiscalía Provincial y ha hecho hincapié en que el antiguo edificio del Banco de España está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que hay una ley estatal y autonómica que "obligan a rehabilitarlo".
En la actualidad sólo se ha reformado la parte delantera del inmueble, que acoge la Fiscalía Superior de Andalucía, y se está ocupando una cuarta parte del mismo, con cuatro fiscales y el fiscal jefe de la Provincial, sin que a Tárrago le conste que haya proyecto para seguir invirtiendo en él.
La fiscal superior ya ha tratado el asunto con la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, quien le ha dicho que se "van a estudiar fórmulas" de abordarlo, si bien reconoce no tener "muchas esperanzas" de que se acometan mejoras inmediatas.
"Que una Fiscalía provincial pequeña, como la de Granada, con 32 fiscales en la capital, esté dividida en cinco sedes no hace nada operativo el trabajo. El traslado al Banco de España dejaría muchos espacios en otros edificios, en algunos de ellos le está costando un alquiler a la Junta", agrega y advierte de que cada una de estas sedes reclama una serie de funcionarios que podrían distribuirse mejor el trabajo si estuvieran en una misma ubicación.
A esta situación, "que resta agilidad y operatividad al trabajo", suma el hecho de que el fiscal jefe provincial, al que se le deben consultar los asuntos de forma continuada, está en una sede distinta de donde se encuentra el grueso de la Fiscalía, lo que conlleva desplazamientos y complica la organización de servicios.
"Es una pena, pues entiendo que si se compra un edificio y se había presupuestado o calculado una cantidad para arreglarlo, no entiendo que se pueda estar diez años sin acometer la obra, y sobre todo siendo un BIC que están obligados a rehabilitar", ha reflexionado Tárrago.