El Ayuntamiento de Granada ha abierto expedientes sancionadores que pueden llegar hasta los 63.000 euros por actuaciones ilegales en 13 cuevas del cerro de San Miguel y ha anunciado el inicio de los trámites para desalojar aquellas que están siendo ocupadas de manera ilegal en tanto que muchas carecen de las condiciones de seguridad necesarias para ser habitadas.
El objetivo del consistorio es devolver la legalidad urbanística al cerro de San Miguel y recuperar su carácter de zona verde de uso público, en la línea de lo que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, según ha explicado este martes en rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid.
Desde la Dirección de Licencias del Ayuntamiento se han detectado obras ilegales de muy diferente temática en las cuevas, "que van desde intervenciones en la cubierta, donde han puesto tejas, a construcciones adosadas como porches o pérgolas o a la privatización de espacio públicos, ya que han modificado el trazado de los caminos naturales para convertirlos en terrazas privadas", según ha relatado el edil.
Los responsables de estas actuaciones ilegales, que la ordenanza recoge como muy graves, tienen dos meses para restaurar la legalidad o de lo contrario empezarán las sanciones.
Fernández Madrid se ha referido a los informes realizados por los técnicos municipales que señalan que el cerro está constituido por un terreno arcilloso que está en constante movimiento, por lo que no se dan las condiciones de habitabilidad y seguridad.
Bajo esta premisa, el siguiente paso que va a dar el Ayuntamiento será la inspección de todas las cuevas, muchas de las cuales carecen de la seguridad estructural para se habitadas, "y avanzará en el expediente para terminar solicitando al Juzgado el permiso de desalojo de quien esté ocupando una cueva ilegalmente".
La Policía Local ha detectado que sólo siete de las 64 cuevas ubicadas en terreno público "tienen escrituras pasadas por el registro y las demás son de titularidad municipal".
El edil ha insistido en que la actuación del Ayuntamiento se produce tras el acuerdo entre todos los grupos políticos así como con las asociaciones de vecinos del Albaicín y el Sacromonte. Así, tras una reunión que tuvo lugar en junio de 2016, se decidió actuar conjuntamente desde las áreas de Movilidad --a través de la Policía Local-- Urbanismo y Derechos Sociales para atender a aquellas familias que se encontraran en situación de exclusión social o de marginación.
"Pero lo que no podemos permitir es que, en un espacio público, que debe ser para el disfrute de la ciudadanía, tengamos un núcleo de población que se ha asentado allí de modo ilegal, sin tener ningún título de propiedad, sin pedir licencia y sin cumplir ninguna de las normas urbanísticas que se le exigen a cualquier ciudadano", ha defendido.
Otra de las premisas, según ha dicho, es "no repetir los mismos errores que el Ayuntamiento cometió en 2013 cuando, se hizo un desalojo que duró poco más de una mañana".
"Ahora sabemos que no basta con tener la autorización judicial para hacer el desalojo, sino que el Ayuntamiento tiene que tener la capacidad económica, no sólo para demoler estas cuevas, sino para convertir esta zona en espacio verde, con todas las condiciones y la infraestructura que tiene que tener un parque", ha agregado el edil, que ha aludido a la posibilidad de destinar a esta iniciativa Fondos Edusi.
