El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada ha requerido a Francisca Granados --la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena que llevó el caso de Juana Rivas-- que aporte su título de Licenciada en Derecho, en el marco de las diligencias que se están practicando tras la querella que el Colegio de Abogados de Granada ha presentado contra ella por un presunto delito de intrusismo profesional.
El juez ha suspendido además la declaración de Granados prevista para el próximo lunes en calidad de investigada por la imposibilidad de acudir de su abogado, Carlos Aránguez; que tiene otro juicio fuera de Granada ese día, por lo que se fijará una nueva fecha.
En declaraciones a Europa Press, Aránguez ha incidido en que Francisca Granados es profesora de la Facultad de Derecho desde hace 30 años y en su certificado académico, que se aportará al Juzgado, "tiene una calificación media de 9,23 sobre diez".
Ella ha negado en reiteradas ocasiones que haya ejercido como letrada en sus labores de asesoramiento a Juana Rivas, la madre de Maracena que permaneció casi un mes en paradero desconocido incumpliendo la orden judicial de entregar a sus hijos al padre.
Afirma que "jamás se ha atribuido la condición de abogada ni públicamente ni en privado, así como tampoco ha ejercido actos inherentes a dicha profesión en local o establecimiento alguno", después de que el Colegio de Abogados le haya acusado de intrusismo profesional.
Su abogado considera que "los hechos no son constitutivos, ni siquiera indiciariamente, de infracción penal", pues la labor de Granados con Juana Rivas --que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por supuesta sustracción de menores--, se encuadró en las "actuaciones propias de su trabajo de asesoría legal, como licenciada en Derecho, en el Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Maracena".
De momento, el Juzgado ha desestimado el recurso que presentaron pidiendo la inadmisión de la querella y el sobreseimiento del procedimiento; también rechaza que con carácter subsidiario el Colegio de Abogados aporte una fianza de 20.000 euros y que el asunto pueda ser de momento competencia de la Audiencia Nacional.
