El papel de mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha propiciado el entendimiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz. La causa de la queja: la situación de las viviendas del Cerro del Moro. El objetivo: que se pongan en marcha acciones por parte de ambas instituciones. Se trataba del propietario de una vivienda adquirida a la Junta de Andalucía en virtud de escritura de compraventa de VPO en 2008.
Estas viviendas se encontraban incluidas en una remodelación de la zona denominada como Cerro del Moro, consistente en 70 viviendas, 40 viviendas del Grupo San Fermín, y 30 viviendas de calle Trafalgar. Actualmente sus habitantes se encontraban en fase de realojo. La superficie habitable de las viviendas era de 35-45 m2, y estaban todas en muy malas condiciones: “bajantes, vigas, suelo que retumbaba, se caían los balcones, fachadas con grietas, aceras huecas, electricidad y tuberías muy antiguas, cucarachas y ratas de las que no lograban deshacerse”, explica el informe del Defensor. Fruto de las malas condiciones en que se encontraban, los vecinos se habían visto obligados a soportar los gastos de una obra realizada en su cuarto de baño y techos, ascendente a más de 2.000 euros. No tenía ningún sentido, decía, “seguir invirtiendo dinero en una casa, que no tenía otro final que su demolición”.
Para ello hacía referencia al Plan General de Ordenación Urbana, que en su Unidad de Ejecución ordenaba “Completar la operación de remodelación del Cerro del Moro y la construcción de nuevas viviendas para el realojo de las viviendas existentes.” Una acción que se recogía también en la Memoria de Ordenación. Por lo que entendía, que desde la propia Administración municipal se asumía que lo procedente era demoler las viviendas de la Barriada y construir unas nuevas para realojar a sus vecinos. El suelo se encontraba clasificado como suelo urbano no consolidado.
Solicitado informe a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y al Ayuntamiento de Cádiz, y recepcionados éstos, ambas administraciones se derivan la responsabilidad la una a la otra. De ahí que desde la Oficina del Defensor se formulara una sugerencia: “que cada una instase a la otra a mantener la oportuna reunión, con el fin de acordar una solución satisfactoria y se pactasen las medidas y actuaciones a realizar por ambas administraciones en el ámbito de sus respectivas competencias, estableciéndose un calendario para su ejecución”. Por parte de AVRA se informó que ya había mantenido dos reuniones con el Ayuntamiento de Cádiz para abordar los diversos asuntos que compartían ambas administraciones en la ciudad, entre los que figuraba la rehabilitación de la barriada Cerro del Moro.
No obstante, y ante la petición realizada por el Defensor, desde la Agencia se había cursado convocatoria escrita de reunión al primer teniente de alcalde, concejal de urbanismo, Martín Vila, a fin de avanzar en la actuación objeto de esta queja. En dicho encuentro, AVRA propondría la creación de un grupo de trabajo entre ambas administraciones que diera lugar a un protocolo o convenio en el que se reflejasen los acuerdos que pudieran alcanzar ambas partes y se dotase presupuesto para su ejecución para este barrio.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Cádiz, informó que se había mantenido reuniones con AVRA para tratar el tema de las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto de remodelación. En ella se le había requerido a AVRA que plantease una solución y que fruto de ello se había alcanzado una posible hoja de ruta para desbloquear la gestión y desarrollo de la 7ª y 8ª fase, que se llevaría a exposición en la próxima reunión de la Mesa Tripartita de vivienda. La información recibida, añade la Oficina del Defensor, trajo como conclusión que ambas administraciones “habían adoptado la iniciativa propuesta a fin de que coordinando sus actuaciones en base a sus competencias, acordasen y delimitasen las actuaciones a realizar en orden a materializar el proyecto de remodelación del barrio del Cerro del Moro”.
