A finales de año se cumplirán ya 12 años de la entrada en vigor de la Ley de Potestades Administrativas en Materia de Actividades y Ocio en Espacios Abiertos. Este es realmente el nombre de una de las leyes más populares de los últimos años y que escrita así a la gran mayoría le suena a chino. Se trata de la conocida como ‘ley antibotellón’, la normativa estatal que en el último trimestre de 2006 otorgaba a los ayuntamientos cobertura legal para regular el ocio en la calle mediante la prohibición de reuniones en la vía pública para beber alcohol, excepto las zonas habilitadas por las propias administraciones locales.
El Ayuntamiento de Jerez, entonces gobernado por el PSOE de Pilar Sánchez, se subió al carro y destinó más de 200.000 euros para adaptar “de forma provisional” las explanadas de la avenida de Chiribitos, donde se instalan los cacharritos de la Feria. Un botellódromo que nació en enero de 2007 a instancias de una ley estatal y que ahora tiene los días contados por otra norma del mismo ámbito que puede aprobarse este mismo año.
Volviendo a su germen para entender su trayectoria, en Jerez el tema entonces venía coleando de lejos y originando un verdadero conflicto entre los más jóvenes y los vecinos. Debido a la presión de estos últimos, los jóvenes iban emigrando de parques públicos: La Rosaleda, La Unión, donde alcanzó su punto más álgido y multitudinario, parque Scout, y otras estancias más fugaces en la zona del centro propiamente dicha como los arcos de la Plaza del Arenal y San Andrés.
El botellódromo echaba a andar, pero lo que debía ser un espacio de ocio alternativo, con una zona reservada para los escenarios, pensando en festivales y conciertos futuros, se redujo a las actuaciones en directo de varios solitas y grupos de música durante la celebración de una edición del Gran Premio y muchas declaraciones de intenciones que no fueron más allá, pese a la presentación que hicieron de este espacio desde el Ejecutivo local socialista.
Con su puesta en marcha, las connotaciones de inseguridad, por las continuas peleas, tráfico de sustancias estupefacientes y algún que otro robo con violencia, acompañaba por primera vez al concepto de botellón, lejos de la imagen de convivencia que se había dado hasta ahora. La muerte de un menor de 17 años, Jairo Gómez, en 2012, ponía estas instalaciones en tela de juicio, pero ni aún así se cerró. Entonces gobernaba el PP de María José García-Pelayo, pero aunque cuestionaban el modelo de botellón, las medidas para erradicarlo tampoco llegaron, más allá de reforzar la vigilancia de la Policía Local.
Ahora, una nueva ley estatal puede llevarse por delante de forma definitiva este espacio. La Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas aprueba este martes el informe definitivo con unas recomendaciones marco del Parlamento que serán remitidas al Gobierno central para redactar la ley que regula el consumo de alcohol en menores. Entre otras cuestiones, en el documento se pone de manifiesto medidas para frenar la grave realidad: 600.000 jóvenes se emborrachan al mes y hay 6.000 comas etílicos al año. Para ello, los grupos parlamentarios, que llevan un año trabajando en este asunto, proponen entre otras medidas la prohibición de botellódromos en la calle o la aprobación de un protocolo sanitario que involucra a la figura de los padres, pues en caso de que un menor beba y sea reincidente sus progenitores serán sancionados si no toman medidas.
De momento, a falta del trámite del martes, la ponencia de estudio salió adelante el pasado 10 de abril con los votos de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Una vez aprobada la ley, que el Gobierno prevé tramitar este mismo año, no podrá haber botellódromo por acuerdo de estos cuatro grupos políticos y los ayuntamientos deberán cumplir como ya hicieron en 2006.
En Jerez, no ceñirse a esta norma, como sostiene la parlamentaria del PP María José García-Pelayo, “sería incoherente”, y más teniendo en cuenta que el PSOE la ha respaldado en el Congreso. La última alusión a este tema surgió en febrero de 2017, cuando el propio Ayuntamiento anunciaba que estaba estudiando el cierre parcial o definitivo de unas instalaciones que al mes le cuestan12.000 euros, sin olvidar las recomendaciones de Proyecto Hombre para pedir su clausura.
