La delegada municipal de Urbanismo, Ana González, se ha hecho eco del anuncio del Ministerio de Fomento, que trabaja en un anteproyecto de Ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística, permitiendo que las administraciones territoriales puedan modificar planes urbanísticos y territoriales que hayan sido cuestionados por tribunales de Justicia, y evitar así que, en determinados supuestos, una sentencia judicial tumbe estos planes definitivamente. En este sentido, la responsable del área ha destacado que “eso significa que se está preparando una Ley para evitar que, en determinados casos, una sentencia judicial tumbe planes generales”.
“Ahora mismo los planes generales tienen el nivel de reglamento, es decir, de disposiciones de carácter general, mientras que este anteproyecto de Ley lo que pretende es que tengan el carácter de actos administrativos generales”, ha explicado Ana González, quien ha aclarado que “actualmente un plan general declarado nulo de pleno derecho no tendría posibilidad de subsanación, mientras que, una vez se pudiera aprobar esta Ley, habría supuestos en los que cabría la nulidad y otros en los que cabe la anulabilidad” “Así, pueden convalidarse ciertos autos y retrotraerse hasta ese momento, lo que significa que puede subsanarse la deficiencia o el problema que haya tenido”, ha incidido.
Hay que destacar que en la actualidad están siendo anulados planes generales en todas las comunidades autónomas, sin posibilidad de subsanación de las deficiencias que lo han determinado, provocando no solo la nulidad del plan, sino también de todas las herramientas de desarrollo. “Ejemplo de ello es el propio ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna, que, siendo alcalde de Santander, vio cómo el Tribunal Supremo tumbó el Plan General de dicha ciudad”, ha recordado González, quien ha añadido que “el propio ministro, impulsor de este anteproyecto de Ley, es conocedor de los efectos, a mi modo de ser parecen desproporcionados, conformes a la actual legislación”.
Asimismo, hay que destacar que dicha iniciativa ha sido demandada por todas las comunidades autónomas, así como por los magistrados. “Es un tema preocupante, porque un Plan General necesita de una tramitación de entorno a siete a diez años y con los informes favorables”, ha expresado la responsable del área, quien ha añadido que, “pese a ello, si llega la sentencia de un juez declarando su nulidad, dicho documento de planeamiento caería, lo que tendría unos efectos desproporcionados”.
“Nosotros confiamos en que el Plan General de Chiclana no quede anulado por los tribunales y en eso estamos. De ahí que en la tramitación hayamos tenido todos los informes favorables”, ha expresado Ana González, quien ha incidido en que, “al igual que yo no puedo decir que es legal, nadie puede decir que sea ilegal”. “No obstante, para los más agoreros, pedir tranquilidad, puesto que se están habilitando mecanismos para proporcionar seguridad jurídica y que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística puedan tener una subsanación”, ha insistido la edil de Urbanismo, quien ha finalizado añadido que “aplaudimos esta iniciativa, puesto que proporciona seguridad jurídica ante un procedimiento de aprobación de un Plan General, que es muy complejo e intervienen muchas leyes”.
