No es el afán recaudatorio lo que mueve a estas comunidades, sino el aspecto disuasorio y preventivo de la medida. “Es una llamada de atención para que los excursionistas tomen precauciones mínimas antes de salir a la montaña”, explica a Efe José Luis Gochicoa, director general de Protección Civil de Cantabria.
Para Olga Lanau, directora general de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Generalitat de Cataluña, el objeto es “concienciar a la gente de que se pueden hacer todas las actividades, pero con ciertas precauciones y sobre todo con sentido común”.
Según los servicios de emergencia de las comunidades autónomas en cuyos territorios se enclavan la Cordillera Cantábrica, Pirineos y sierra de Madrid, en 2008 los equipos de rescate intervinieron en más de 1.500 operaciones de rescate y búsqueda de montañeros y excursionistas, en muchas de ellas con más de una persona involucrada.
En Cataluña se realizaron 568 intervenciones, en Aragón 306, Navarra (37), País Vasco (250), Cantabria (16), Asturias (167) Castilla y León (70) y Sierra de Madrid (111), según los gobiernos autónomos consultados por Efe.
El servicio de montaña de la Guardia Civil, que actúa en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, en una competencia transferida por el Estado, ha participado en 2008 en 800-900 actuaciones, en las que hubo 104 personas muertas. En las 450 operaciones en lo que va de año, se han registrado 53 fallecidos, según datos de la Guardia Civil.
MINIMIZAR LOS ABUSOS
Cantabria, donde la medida ya está en vigor aunque aún no se ha ejecutado ningún caso, y Cataluña, donde se implantará en octubre, han salvado el principal escollo: concretar qué se considera como negligencia o como imprudencia, a la hora de pasar la factura del rescate al ciudadano.
En la primera se han establecido dos situaciones objetivas: cuando el espeleólogo no lleve la autorización de la dirección general de Cultura para acceder a las cuevas –actividad en la que Cantabria es pionera en Europa–, y hacer caso omiso a una alerta meteorológica que incremente el riesgo de la actividad que se practica.
Cataluña ha diseñado tres situaciones, que Olga Lanau explica: no hacer caso de una señalización de prohibido o de peligro, no llevar equipamiento adecuado, o avisar a los servicios de emergencia cuando no es necesario.
“En general la gente tiene sentido común y no abusa, pero se trata de minimizar estos casos”, afirma.
La idea va cuajando en otras comunidades como el País Vasco, donde según su viceconsejero de Interior, Raúl Fernández de Arroiabe, están estudiando la posibilidad de implantar la medida con vistas a “generar un clima de responsabilidad y tratar de concienciar”.
SUIZA, FRANCIA E ITALIA
En países europeos como Suiza, Francia o Italia, donde hay actividades de deportes de riesgo, “consustanciales a sociedades avanzadas”, dice el viceconsejero, este tipo de rescates con servicios muy especializados y de alta calidad se cobran. “Esto obliga –añade– a que quien hace una actividad de riesgo contrate un seguro que en caso necesario afronte esos costes”.
Fernández de Arroiabe, alpinista con varios ocho miles a sus espaldas, cree que “es muy complicado saber dónde está el límite entre lo que es negligencia y lo que no, saber dónde está el riesgo”.
“Óscar Pérez, (alpinista aragonés que recientemente se quedó en el Latok II en Pakistán), sabía que hacía una actividad de muy alto riesgo, que él conocía, era muy consciente y tenía asumido. ¿Es una irresponsabilidad?”, se pregunta Fernández de Arroiabe. “Eso es ya una apreciación”.
“Lo que sí es una irresponsabilidad –agrega– es salir a la montaña con aviso de grandes nevadas o a la mar con una pequeña embarcación cuando hay una alerta por galerna”.
En fase de estudio se encuentran también en Castilla y León, desde donde el director de la Agencia de Protección Civil, Luis Aznar, explica a Efe que “los gastos que se derivan de los salvamentos son muy importantes”.
Por ello, en Castilla y León estudian fórmulas para que las comunidades que se responsabilizan de los rescates consigan cobrar parte de esa inversión a través de los seguros que tienen suscritos los montañeros, la mayoría de ellos federados, y por lo tanto asegurados.
Aunque –advierte Aznar– “no se va a dejar a nadie sin rescatar, porque no esté asegurado”.
Asturias se plantea también adoptar la medida, aunque fuentes de la consejería de Presidencia afirman a Efe: “nos movemos en una situación delicada a la hora de discernir qué es una negligencia y en qué casos se podría cobrar o no jurídicamente”.
Navarra y la Comunidad de Madrid por el momento no se han planteado este modelo. Según informan a Efe fuentes del gobierno madrileño, excepto Leganés, Móstoles y Alcorcón que tienen servicio de bomberos propio, el resto de los ayuntamientos pagan a la comunidad un canon anual por habitante y año por cubrirles. “Si se cobrara al ciudadano por un rescate, éste estaría pagando dos veces”, agregan.
En Aragón, tampoco han pensado en esta posibilidad porque, en virtud de un convenio entre la Diputación General y el Ministerio del Interior, la exclusividad en el rescate de montaña la tiene la Guardia Civil. Otro convenio con el Gobierno de Aragón propició la medicalización de este servicio.
"En la última década ha habido un aumento bastante notable de visitantes a la montaña, directamente relacionado con el desarrollo económico vivido años atrás: a mayor poder adquisitivo, mayores posibilidades de ocio", explica a Efe Ángel Sevillano, jefe de supervisión del GERA (Grupo Especial de Rescate de Altura) de la Comunidad de Madrid.
