Al inicio del presente año había 83.168 asuntos pendientes de resolver en la jurisdicción gaditana, donde hay 115 juzgados. Al finalizar el primer trimestre, el número había ascendido hasta los 85.367. Había aumentado en más de 2.000.
En los tres primeros meses ingresaron 41. 426 asuntos y los asuntos resueltos no llegaron a los 40.000. Al final quedaron 85.367 pendientes, lo que da una media de 742 casos por órgano judicial.
En la jurisdicción civil quedaban pendientes 45.755 casos, frente a los 43.014 que había a principio de año, mientras que en lo Penal eran 26.178 los que había por resolver por 26.904 en enero. En lo Contencioso Administrativo quedaban pendientes 4.569, por 4.252 de principios de año. Por último, en lo Social, eran 8.998 y a final de marzo la cifra bajó a 8.863.
Estas cifras son las que ha hecho pública este mes el Consejo Superior del Poder Judicial en su balance trimestral y dan la razón a las reclamaciones de los jueces de que hay una sobrecarga de trabajo. Y es que en estos tres primeros meses, los magistrados encargados de los asunto de procesos civiles en la provincia han dictado 4.097 sentencia, a una media de 51,21 por órgano judicial. A ello hay que sumar 4.073 autos y 7.238 decretos. Y hay ochenta órganos judiciales en la provincia en este apartado.
El número de documentos tramitados en el resto de la jurisprudencia no se queda atrás. En lo referente a lo Penal han sido 5.712 sentencias, 11.464 autos y 1.908 decretos. A cada uno de los 93 órganos judiciales que hay en la provincia en este apartado le toca algo más de 61 sentencias en estos tres meses.
De los nueve órganos encargados de los asuntos Contenciosos Administrativos han salido 886 sentencias, 969 autos y 382 decretos. Por último, en los ocho de lo Social se han dictado 926 sentencias, 46 autos y 1.053 decretos.
En total, de los juzgados gaditanos se han elaborado 11.621 sentencias, 16.552 autos y 10.581 decretos.
Hay sobrecarga y así no es de extrañar que centenares y fiscales de toda Andalucía protagonizaran el pasado mes de abril en las distintas capitales de provincias y otras ciudades un acto de protesta convocado por las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales, para reclamar "arreglar de una vez por todas" las "múltiples deficiencias" en la Administración de Justicia.
En concreto a Andalucía , el colectivo judicial mantienen que hay "problemas graves, con sedes judiciales insuficientes, en un número inferior a la media nacional; un número de litigios superior a la media, disparatados con la cláusulas suelos, así como con un número de jueces por debajo de la media europea en Andalucía, menos que en Portugal".
Todo ello provoca "sobrecarga de trabajo y la única respuesta es trabajar más a costa de la calidad", lamentando que "poner una sentencia no es ponerla rápida, sino hacer justicia". "Juzga como puedas es el lema del Ministerio", advirtiendo que en 2019 la Justicia será "peor" que este año porque no se ponen en marcha medidas. Los jueces sostienen que los últimos años no se ha producido "ningún tipo de avance para recuperar la situación de antes de la crisis ni para mejorar las condiciones del servicio que se da al ciudadano".
Agregan que en los Presupuestos Generales del Estado recogen "aumentos que no son nada significativos y a este ritmo será imposible que podamos dar una justicia de calidad".
Los magistrados reclamaron al entonces gobierno de Rajoy un plan de inversión para incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; modernizar los edificios judiciales; un proceso de digitalización, que realmente facilite el trabajo, "en lugar de ralentizarlo".
Para mejorar sus condiciones profesionales, han demandado la convocatoria de la Mesa de Retribuciones para recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y la implantación de las cargas máximas de trabajo.
Juan José Parra, magistrado de la Audiencia Provincial, aseguró en Ondaluz TV, que hay 730 órganos judiciales por encima del 170 y del 150% del módulo máximo de carga de trabajo que el CGPJ considera razonable, lo que calificó como es un disparate, hablando de una carencia total y absoluta de medios materiales. Claro que hacen falta reformas”.
En el mismo programa, el decano del Colegio de Procuradores de Cádiz, Oscar Alonso, dijo que en la provincia es imposible sacar adelante ese volumen de trabajo con la falta de medios, de juzgados por crear y de dotación de funcionarios.
Se refirió a una sobrecarga de trabajo en los juzgados de primera instancia y dijo que los juzgados de lo penal de Cádiz, Jerez y Algeciras están ya en el tope del riesgo total. En la jurisdicción social también está cargada de trabajo.
Marcos Camacho, decano del Colegio de Abogados de Jerez, se quejó de una falta de inversión por parte de la Administración. “El problema es que no se ponen los medios porque parece que esto no interesa”, dijo.
Manuel Gutiérrez Luna, presidente de la Sección VII de la Audiencia Provincial, ubicada en Algeciras, se sumó a las reclamaciones. A su entender, si se quiere una mejora en el funcionamiento de la Justicia es preciso dotarla . de mejores medios materiales y humanos. Gutiérrez Luna habló de la existencia de una enorme carga de trabajo que resulta abrumadora para el personal de los juzgados.
