El PSOE abrió ayer el curso político con la reunión de su Ejecutiva provincial, donde el secretario general, Francisco Reyes, señaló que su partido “no renuncia a gobernar en ninguno de los 97 municipios de la provincia”. Reyes instó a los suyos a dar un impulso a la gestión municipal en los ayuntamientos en los que se gobierna “para cumplir los objetivos planteados y obtener una vez más el respaldo de los hombres y mujeres de la provincia, como se tuvo en 2015”. Y añadió que la clave para afrontar la triple cita electoral de los próximos meses (andaluzas, municipales y europeas) no es otra que el trabajo: “El secreto sigue siendo el mismo: trabajar y trabajar, en la calle, con la gente, con transparencia y con participación”. También valoró el trabajo de oposición del PSOE en los municipios que no gobierna, “una labor constructiva, proponiendo todo aquello que sea bueno para sus pueblos”.
En clave nacional, Reyes consideró que el Gobierno de Pedro Sánchez es “una oportunidad” para la provincia de Jaén, “una oportunidad para dar empuje e impulso a proyectos en la provincia que han estado paralizados durante siete años con el Gobierno del PP”. Entre esas actuaciones, mencionó la A-32, la línea de altas prestaciones ferroviarias Jaén-Madrid, las canalizaciones de la Presa de Siles, la Balsa de Cadimo o el plan de empleo, iniciativa ésta última que ya tiene el compromiso de Pedro Sánchez con Susana Díaz.
Sin embargo, los socialistas se han encontrado en el inicio del curso políticos con la grave crisis política abierta en Linares, tras la expulsión del partido del alcalde, Juan Fernández, acusado de irregularidades contables. Fernández, que ayer mismo presentó un gobierno de concentración con ediles de la oposición, anunció que ha dado el paso previo (escrito de conciliación previa por la vía civil) en los juzgados a la presentación de una querella criminal por injurias y calumnias contra el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes; el secretario del PSOE de Linares, Daniel Campos; y la concejala y vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra. Fuentes próximas al alcalde indicaron a Europa Press que el objetivo de acudir a los tribunales es que se clarifiquen en sede judicial las acusaciones sobre las irregularidades económicas de las que se le han imputado desde la dirección local del PSOE y que ha supuesto su expulsión. Mientras, el PSOE de Linares ha planteado una denuncia en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para la depuración de responsabilidades por “cobros indebidos” (1.700 euros mensuales desde 2013) por parte del alcalde, Juan Fernández, expulsado en agosto de las filas socialistas.