El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha anunciado que actualmente elaboran los estatutos de la Agencia Catalana de Protección Social y diseñan los ámbitos de la agencia que no concreta la ley: "Esperamos que sea realidad a lo largo de legislatura", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.
El anterior Gobierno central presentó un recurso contra la Ley que recoge la creación de la agencia --de la que El Homrani fue ponente relator antes de ser conseller--, pero el Tribunal Constitucional solo lo admitió a trámite en dos puntos --uno del ámbito institucional y otro sobre capacidad de recaudadora--.
Del resto de la ley "se levantó la suspensión", lo que demuestra, según el conseller, que no había motivos para suspenderla y puede desarrollarse, y se da la circunstancia de que este jueves el Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que revisaría los 16 recursos presentados contra normas catalanas, entre la que está la de esta agencia.
"Tenemos muy claro que la agencia es una necesidad de país. Tiene que mejorar la gestión de todas las prestaciones sociales y tiene que facilitar a las personas el trato con la administración", convirtiéndose en una entrada única, ha destacado El Homrani.
El ente incorporará progresivamente todas las prestaciones que hace la administración de la Generalitat, más allá de la propia Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, y evitará "marear" a los ciudadanos entorno a la estructura de la administración, siendo ésta la que se adapte.
AUTONOMÍA PERSONAL Y ACCESIBILIDAD
El Govern trabaja en elaborar también la futura Ley de la autonomía personal, de la que esperan presentar "en breve" los primeros borradores, y ha destacado que la norma liga con el objetivo de la Conselleria de evitar al máximo la institucionalización y tener capacidad de empoderamiento de las personas, especialmente a las más vulnerables.
En este sentido, elaboran también el reglamento de la Ley de accesibilidad, una petición del sector de la discapacidad, que tendrá también una visión interdepartamental: "Esto hace que sea más lento, pero esperamos en septiembre poder publicar ya el primer borrador".
El 18 de septiembre han convocado el Consell de la Discapacitat de Catalunya (Codiscat), y ve necesario "poder evaluar todas las políticas públicas en personas materia de personas con discapacidad", mientras que ha añadido que están trabajando en el reglamento de la Ley de accesibilidad.
RENTA GARANTIZADA
En el ámbito de las prestaciones sociales, El Homrani ha puesto en valor el cambio que ha supuesto pasar de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que cobran actualmente más de 113.000 personas en Cataluña, según los últimos datos del departamento a julio de este año.
Ha resaltado que este cambio representa un incremento de beneficiarios, especialmente en la complementación de prestaciones no contributivas, y un aumento de la prestación económica "de aproximadamente 200 euros por unidad familiar".
En el despliegue de la RGC, que el sábado 15 de septiembre cumplirá un año, ha destacado que habido la anomalía del 155, que "ha provocado que no se pudieran desarrollar ni los estatutos del Consejo de Gobierno ni el reglamento", y ha dicho que cuando se estrenó como conseller convocó los grupos de trabajo del consejo.
El reglamento, que permitirá "una entrada de los colectivos vulnerables más flexibilizada", ha pasado por el Consejo técnico y esperan tenerlo aprobado en breve, después de varios encuentros de un grupo de trabajo que lo desarrolla, y espera que sea pactado entre todos los agentes --sindicatos, entidades, patronales y Govern--.
APROBADO EL 7%
De las 37.500 solicitudes recibidas hasta julio, el 16% sigue pendiente de valorar y se han valorado 31.326 solicitudes (el 84%): han sido aprobadas el 7% (2.078), mientras que el 74% se denegó por no cumplir los requisitos, el 12% fueron desistidas y el 7% resultaron en un requerimiento de información.
Al ser preguntado por quejas de entidades, personas afectadas y la Comisión Promotora de la ILP --que no forma parte del Consejo--, El Homrani ha reconocido que ha habido denegaciones, pero que "cualquier persona que considere que la denegación no es correcta tiene todo el derecho de reclamar", y ha dicho que no le consta que no se respete el silencio administrativo positivo.
Ha mostrado "confianza absoluta en los trabajadores" que hacen estas valoraciones, y ha asegurado que se hará el incremento del importe que está previsto en la ley, pasando del 85% del IRSC al 91%, lo que supondrá un esfuerzo más para la administración.
