"Cuando el 23 de junio de 2016 la ciudadanía británica decidía en referéndum la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el Campo de Gibraltar fuimos plenamente conscientes de la trascendencia de esta decisión y de las consecuencias que esta tendría para nuestra comarca. Habida cuenta de que compartimos la única frontera terrestre continental y de las enormes interrelaciones económicas, sociales y culturales existentes entre Gibraltar y nuestra comarca.
Cabe recordar que hay más de 13 mil trabajadores transfronterizos, de los que más de 8 mil son españoles, así como el hecho de que en Gibraltar se encuentre una importante cartera de clientes para muchas pymes de nuestra comarca o el que la capacidad adquisitiva de la población gibraltareña la convierta en un importante cliente en la adquisición de bienes y servicios en nuestra zona en general. Todo ello con una especial repercusión y trascendencia en la ciudad de La Línea.
El desequilibrio de las realidades económicas de Gibraltar y del Campo de Gibraltar es igualmente un elemento sustancial a la hora de abordar las consecuencias del Brexit en esta zona; toda vez que una espacio un territorio con una de las economías más importantes del mundo, con una comarca con importantes carencias en materia social y de empleo.
La decisión de Reino Unido de activar lo dispuesto en el artículo 50 de Tratado de Lisboa para implementar su salida de la Unión Europea (Brexit), abrió camino cuyas consecuencias aún en estos momentos resultan imposibles de valorar en toda su dimensión, pero que, no cabe duda, ha abierto un importante nivel de incertidumbre en nuestra comarca. Si bien deja claro la necesidad de abordar las particularidades de nuestra zona en ese proceso negociador.
En este sentido, dos han venido siendo lo ejes centrales de la demandas de los representantes de la sociedad campogibraltareña en este terreno; por un lado la necesidad de priorizar la políticas de ciudadanía y buena vecindad, por encima de otras legítimas aspiraciones de la política exterior española, y por otro la urgencia de poner en marcha proyectos tendentes a paliar los desequilibrios socioeconómicos existentes y que sitúan Campo de Gibraltar en una posición sumamente vulnerable ante cualquier cambio del actual status quo.
Ambos ejes de actuación han sido compartidos por los gobiernos de España y por al resto de instituciones afectadas, si bien han corrido una suerte desigual en cuanto a su ejecución efectiva.
En lo referente a lo que se ha venido en denominar “Brexit Blando”, un modelo de desconexión en el que se pretende salvaguardar los derechos los trabajadores y trabajadoras transfronterizos y mantener un protocolo de funcionamiento del paso fronterizo que no afecte al intercambio económico existente, entre otras cuestiones relacionadas con las políticas de vecindad, tanto en anterior gobierno como el actual han manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso de conducir las negociaciones por este camino que resulta imprescindible para los intereses de nuestra zona.
En esta línea, cabria reiterar la importancia que tiene el hecho de que el ministerio de Asuntos Exteriores continúe con la política de interlocución permanente con los representantes institucionales del Campo de Gibraltar, a la vez que se hace constar lo oportuno de ampliar este canal de comunicación a los agentes sociales y económicos.
Menos tranquilizador resulta el desarrollo de los compromisos contraídos por los gobiernos de España y resto de administraciones, en el terreno de implementar políticas públicas tendentes a corregir los desequilibrios económicos y sociales existentes entre ambos lados de la frontera. Cabe constatar en este ámbito que no se ha implementado ninguna medida efectiva, cuando restan menos de seis meses para la implementación definitiva del Brexit.
En este sentido, resulta necesario hacer constar que es una demanda esencial del conjunto de la sociedad campogibraltareña la aprobación urgente de un Plan Integral para el Campo de Gibraltar, que contemple programas inversión, medidas fiscales o actuaciones de incentivo económico y generación de empleo, que permitan a esta comarca si quiera poder paliar su situación socioeconómica.
Resulta de justicia tener una mención particular en este sentido a la ciudad de La Línea; toda vez que como principal afectada por esta situación debe ser tratada con una especial sensibilidad y sobre ella deben recaer prioritariamente una parte sustancial de las medidas que se adopten por las diferentes administraciones.
En otro orden de cosas, los componentes del Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar consideran necesario la actuación conjunta y coordinada de las instituciones y agentes sociales y económicos de nuestra comarca en la defensa de los intereses que nos son comunes en este asunto, y en este sentido se comprometen a desarrollar cuantas actuaciones consideren oportunas en el impulso de la siguientes actuaciones:
• Mantener la interlocución permanente y hacer un seguimiento de las negociaciones existentes entre los gobierno de España y Reino Unido, así como con la Unión Europea, en todo lo referente al Brexit y sus repercusiones en la realidad de nuestra zona.
• Impulsar la ejecución por parte del Gobierno de España de un “Plan Integral para el Campo de Gibraltar” que, con la participación de los agentes institucionales, sociales y económicos de la comarca, contemple actuaciones tendentes a paliar los desequilibrios socio-económicos existentes entre ambos lados de la frontera. Así como la consignación presupuesta necesaria para su implementación, un cronograma de las mismas y un mecanismo participativo de evaluación y seguimiento.
• Que el referido Plan Integral contemple, entre otras cuestiones, actuaciones en materia fiscal, inversiones en infraestructuras y equipamientos o medidas para el fomento del empleo y la cualificación de as personas trabajadoras.
• Demandar de las administraciones competentes un compromiso real para el desarrollo de las medidas contempladas en el Plan Estratégico de la ciudad de La Línea, con el concurso y participación del consistorio linense.
• Reclamar de la Junta de Andalucía que en el ámbito de su marco competencial impulse el cumplimiento de las actuaciones contempladas en la Proposición No de Ley aprobada por el Parlamento de Andalucía en este terreno.
• Mandatar a la presidencia de la Mancomunidad para que disponga lo necesario para impulso del cumplimiento de cuanto se contempla en la presente declaración".
