La Junta de Andalucía mantiene con la Universidad de Jaén (UJA) una deuda de en torno a 34 millones de euros, según las cifras de la institución académica, desde la que se viene planteando un plan de pagos. Así lo han indicado fuentes de la UJA consultadas Europa Press sobre la evolución de las obligaciones pendientes por parte del Ejecutivo autonómico que llegaron a los 63 millones de euros al cierre de 2013. Desde entonces, se han realizado abonos que han permitido su reducción, aunque no saldarla definitivamente. De este modo, a 31 de diciembre de 2014 la deuda se situaba en 54 millones; un año después era de 40 millones, mientras que la cifra era de 35 millones al cerrar 2016 y 39 millones en diciembre del año pasado. En la actualidad, está en “unos 34 millones aproximados”, ya que este ejercicio no está liquidado, y en la UJA se calcula que al acabar 2018 “la cifra será algo menor”. “La Junta sigue el criterio de pagar lo pendiente del ejercicio anterior, gran parte del ejercicio corriente (actual) y va reduciendo poco a poco la deuda pendiente de ejercicios anteriores (fundamentalmente del 2015), por lo que estimamos que no se está generando nueva deuda”, comentaron desde la Universidad, añadiendo que la practica totalidad de la deuda corresponde a financiación básica, operativa fundamentalmente y menos de investigación e inversiones.
La institución académica ha explicado que en las reuniones que se mantienen de forma regular, tanto a nivel de gerencias como de rectores, “se pone encima de la mesa el tema de la deuda”. A pesar de ello, “la Junta no ha aportado un plan de pagos, cuestión que se le ha requerido desde las universidades y que está pendiente”. Por otro lado, desde la UJA se ha hecho hincapié en la necesidad de desarrollar el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas. Al respecto, ha demandado uno que “dote de seguridad y regularidad a los ingresos que provienen de nuestro principal financiador, evitando situaciones de incertidumbres, sobre todo a la hora de confeccionar y liquidar el presupuesto”. Al hilo, han apuntado que “los modelos anteriores cumplieron los requisitos de suficiencia financiera y transparencia” y se debe “ir avanzando a un nuevo modelo que tenga en cuenta, además, criterios de eficiencia, equidad..., que se suscriba mediante el consenso entre financiador y financiados, con objeto de que se puedan alinear las estrategias de ambos”.
