El juicio que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial contra el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario relacionado con la lonja ha continuado este martes con los informes finales de varias defensas de los acusados, entre ellas, la del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Antonio Vela, y su hija, Carmen Vela, quienes "jamás" actuaron entendiendo que cometían un ilícito penal.
Así se ha manifestado el abogado Joaquín Moeckel, que ejerce la defensa de Antonio Vela y Carmen Vela, quienes se enfrentan a cuatro y a tres años y medio de prisión, respectivamente. En este sentido, cabe recordar que la Fiscalía, que pide para Mellet 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación, acusa a éste de decidir, "de común acuerdo con Antonio Vela, "abonar una serie de cantidades" a la Asociación de Mayoristas de Pescado, "que no estaban justificados ni obedecían a obligación alguna de la empresa, respondiendo a un exclusivo ánimo de liberalidad".
Mellet, según la Fiscalía, ordenó en 2007 y 2008 el pago de 76.000 euros a dicha asociación, de los que 32.645 euros "fueron destinados a pagar parte de la compra por la asociación de 1.000 palets para contener bultos de pescado", cuando la asociación "ya había obtenido el 29 de agosto de 2006 una subvención por importe de 18.975 euros de la Junta con el mismo fin, sirviendo el pago de Mercasevilla para cubrir el coste total de la compra".
Por su parte, Carmen Vela está acusada como cooperadora necesaria en un delito de malversación de fondos por haber recibido una beca de 24.000 euros por la Fundación Mercasevilla, de la que finalmente cobró 16.412,12 euros. Para el fiscal, "no hay soporte documental del motivo de la concesión de la misma, que fue decisión de Mellet. Tampoco hay requisitos, ni convocatoria de la misma, ni acto forma de concesión, ni plazos a cumplir, etc.".
El abogado de Antonio Vela y su hija ha comenzado recordando que la denuncia que dio origen a esta causa judicial fue interpuesta por el entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Beltrán Pérez, cuya acusación presentó su renuncia "el día antes" de la vista oral. "Quizás no creía que estos delitos se estaban cometiendo", ha afirmado.
Moeckel ha planteado por qué los peritos de la Agencia Tributaria, que pidieron a la Fundación información de las condiciones de la beca concedida a Vela, no lo hicieron sobre un Foro Jurídico en el que el jurista y exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ofreció una conferencia, o por la ayuda a la Hermandad de la Macarena o a un grupo de teatro.
"VELA ESTÁ AQUÍ Y GARZÓN NO"
"No queremos pensar" que Carmen Vela esté acusada por "llamarse Vela y ser hija del presidente de los mayoristas, o queremos pensar que se juzgue el peso de un apellido". Antonio Vela, que "no pidió" esta ayuda, "no se vende por una beca, cuando se podía haber vendido por más".
"Qué criterios de selección existieron para elegir a Garzón, cuya conferencia costó 15.900 euros. ¿Entonces Mellet no hizo dispendio?, ha expresado Moeckel.
"Tan acto de liberalidad es una beca como el pago de una conferencia de 15.900 euros, pero una --Carmen Vela-- está aquí y otro --Baltasar Garzón-- no", ha insistido el abogado de la defensa, concluyendo que lamenta "tener que defender lo obvio".
De otro lado, ha defendido la existencia de un asesoramiento integral de la Asociación de Mayoristas de Pescado a Mercasevilla y por ello los pagos realizados a la misma. "Pedir cárcel para Antonio Vela porque en los recibos pone asesoramiento integral o porque no hay contrato es aventurado", ha manifestado al respecto.
Sobre el pago de los palets, el abogado ha señalado que no se falseó la contabilización de éstos porque existiera una investigación judicial, sino porque se contabilizaron mal, subrayando que la exigencia de los mayoristas a Mercasevilla a cumplir el reglamento de servicios, que establecía la obligación de la sociedad de asumir ese coste "ampara" el reintegro de este pago. "Mellet no hizo nada malo por pagarlo, porque era obligación de Mercasevilla", ha asegurado.
Antes de Moeckel ha sido el turno de los tres abogados que ejercen las defensas de los nueve trabajadores acusados de recibir "incentivos" --en palabras de Mellet-- para acogerse al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007. Cantidades pactadas en conversaciones privadas al margen de las ya pactadas con el comité de empresa, según la Fiscalía.
Los nueve trabajadores, para los que la Fiscalía solicita tres años y medio de prisión, recibieron tras prejubilarse más cantidad de la que "legalmente les correspondía", oscilando éstas entre los 15.000 y los 72.000 euros. Entre este grupo se encuentra Pilar Giraldo, directora financiera de la lonja hasta que se acogió a la prejubilación, y con quien el 2 de enero de 2008, "es decir, al día siguiente de hacerse efectiva su baja en la empresa, Mellet suscribió, en nombre de Mercasevilla, un contrato para realizar de manera externa las mismas funciones que hasta entonces había venido desempeñando en la empresa".
"NO HAY PRUEBA NI DELITO"
El abogado Salvador Pérez, que ejerce la defensa de uno de los trabajadores acusados, ha asegurado que "ni hay prueba ni hay delito" para una condena, subrayando el error en el que incurre la acusación de Mercasevilla adhiriéndose al informe del fiscal, pues "no acusa" a los trabajadores, salvo por la responsabilidad civil, que cuantificó en 449.000 euros.
"No se puede adherir", ha reprochado el letrado, a lo que se han sumado sus compañeros que han intervenido este martes. "Mercasevilla es la sociedad más perjudicada y reclama 450.000 euros. Si soy tan perjudicado debo calificar los hechos como ilícito penal", ha comentado, señalando lo anecdótico de la situación.
Para el letrado, Mercasevilla, al no acusar, reconoce "la inocencia plena" de los prejubilados, por lo que "cómo no va a haber una sentencia absolutoria". A su juicio, el fiscal "se ha excedido en la calificación de los hechos, porque no hay ilícito penal".
En este sentido y analizando el informe pericial de la Agencia Tributaria, el letrado ha señalado que recoge "defectos contables y posible repercusión fiscal" en la contabilización de estos pagos, pero "no penal". "Desde cuándo una infracción fiscal o contable puede ser penal", se ha preguntado.
Para el letrado, la empresa, a través de Mellet, negoció directamente con los trabajadores ante su negativa a acogerse al ERE de 2007 para que se prejubilaran, lo que supuso un "beneficio" a la empresa. "Si se tipifica esta actuación sería injusto y arbitrario", ha afirmado.
Dejando en "anécdota" que se llame premio o complemento, el abogado ha señalado que el problema existiría si no hubiese rastro documental o contable. "Voy a ser tan tonto de dejar rastro y nadie --Mercasa, Ayuntamiento o auditores-- se entera de nada", ha planteado.
En estos pagos podría haber "ilícito social o civil, pero nunca penal", por lo que ha llamado a la acusación de Mercasevilla a reclamarlo en la jurisdicción que corresponda.
Otro de los abogados, David Franco, que defiende a seis trabajadores, ha considerado "muy razonable" que Mellet quisiera desahacerse de este grupo de empleados, pues sus puestos, amortizados, suponían un ahorro para la sociedad. En este sentido, ha defendido que actuaron de "buena fe" y Mellet no cometió delito de malversación.
Antonio Jiménez, abogado de dos trabajadores, entre ellos Pilar Giraldo, ha señalado que está causa estaba dirigida contra Mellet e "infectó a un cúmulo de personas que pasaban por allí o le ha tocado injustamente".
