La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha citado para el 22 de febrero en calidad de investigado por un delito de homicidio imprudente al dueño de la finca de Totalán donde está el pozo en el que cayó y en el que murió Julen el pasado 13 de enero.
Estas peticiones se producen después de que la Guardia Civil haya remitido al juzgado otros informes, ampliatorios del primero, tras lo que la Fiscalía considera que ya se puedes hacer varias hipótesis de los momentos previos a la caída del menor, según fuentes judiciales.
El ministerio público entiende que tras el estudio de toda la documentación y atestados de la Guardia Civil es el momento de “depurar, si es que las hubiere, las responsabilidades penales de las personas intervinientes”.
La magistrada ha citado en primer lugar al propietario de la finca, David Serrano Alcaide, y, posteriormente, tomará declaración a un total de docena personas más, todas ellas en calidad de testigos.
La instructora considera que el empresario que perforó el pozo, Antonio Sánchez, tiene que declarar en calidad de testigo, al igual que los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, cuatro guardias civiles y los tres senderistas que llegaron al lugar a auxiliar a los padres del niño, entre otros.
Además está previsto que comparezcan también como testigo la pareja del dueño de la finca, que es prima del padre de Julen, y el operario que hizo la zanja junto al talud que limita el pozo, un trabajo posterior a la perforación del orificio en el que cayó el pequeño.
El letrado del propietario del terreno, Antonio Flores, ha considerado “una barbaridad” que se inste a que el pocero declare como testigo.
“Es un señor que hizo el pozo y que genera ese riesgo al no sellarlo convenientemente como dice la ley, nos sorprende que pueda ir de testigo ¿De qué?”, ha manifestado el abogado.
El equipo jurídico que representa al dueño de la parcela ha venido sosteniendo que “no puede haber una presunción de culpabilidad”, pero creen que “la única responsabilidad penal, si la hubiese, sería de ese profesional, el pocero”.
Además, sostienen que fue un accidente que “no es previsible” y era “imposible” que si cliente “lo pudiera predecir”.
Este letrado ha insistido en que su cliente tapó el agujero con dos bloques de hormigón y que el día en que cayó Julen al pozo había advertido a las personas que le acompañaban de la existencia del sondeo, aunque nunca pensó que podía caer un niño por ahí.
Por su parte, el empresario que ejecutó el sondeo siempre ha mantenido que hizo su trabajo bien y que taponó la boca del pozo con una piedra, versión que tiene previsto reiterar en sede judicial.
La jueza autorizó la semana pasada que se tomaran medidas de refuerzo en el terreno donde se encuentra el pozo al que cayó el pequeño tras finalizar la Guardia Civil todas las indagaciones necesarias en la zona para la investigación.
Fuentes cercanas a la investigación han indicado hoy a Efe que estos trabajos no han comenzado pero que está previsto que se inicien en breve para garantizar la seguridad en la zona, donde el operativo de rescate trabajó durante trece días en una obra que ha sido calificada de "ingeniería civil" por los técnicos.
Por su parte, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Alfonso Gómez de Celis, ha abogado por “dejar trabajar a la Justicia con tranquilidad y sosiego, porque estoy seguro que de manera inexorable, dará los pasos pertinentes”.
A su vez, De Celis ha recordado que cuando se encontró el cadáver del menor, ya manifestó que comenzaría “el tiempo de la justicia, sin prisa pero sin pausa”.
