Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón de nacionalidad española y 53 años de edad como presunto autor de un delito de amenazas de muerte con arma blanca y violencia doméstica sobre su hermana con discapacidad.
Según informan fuentes policiales, hace unos días, efectivos de seguridad ciudadana se desplazaron con urgencia a la pedanía murciana de Casillas tras la recepción de una llamada en la Sala del 091 alertando del violento estado en el que se encontraba un vecino, quien había agredido a su hermana, persona en silla de rueda, y la había amenazado con un cuchillo.
En el lugar, los agentes de policía tuvieron conocimiento de que este hombre también había discutido con otras vecinas, esgrimiendo y amenazando con un arma blanca, la cual había llegado a arrojar a una de las mujeres que huían del lugar, no llegando a alcanzarla.
Los agentes actuantes intentaron contactar con el agresor a través de ventanas y puertas del domicilio del mismo, pero este se encontraba en un elevado estado de agresividad, gritando, amenazando, insultando y esgrimiendo un cuchillo jamonero, según informan las mismas fuentes.
Ante el riesgo creado para los vecinos del lugar la Policía Nacional activó el Protocolo ante Incidentes Críticos. De tal forma, se desplazó al lugar el Negociador Territorial y responsables de la Unidad de Prevención y Reacción, así como integrantes de Policía Judicial, todos ellos pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.
Se inició así un ciclo de conversaciones que se extendieron más de tres horas. Ya avanzada la tarde el negociador de la Policía Nacional consiguió que el agresor saliese de su vivienda. En ese momento y, tras amenazas y forcejeos, se procedió a su detención. Fue asistido en el lugar por los servicios médicos.
En dependencias policiales se realizaron las comparecencias y tomas de declaración oportunas. Dado el riesgo creado para la comunidad de vecinos se solicitó orden de alejamiento. Tras el pase a disposición judicial de la persona arrestada, la autoridad judicial ordenó la puesta en libertad de esta persona, concediendo una medida de alejamiento durante un año del agresor con respecto a sus vecinos.
Se le acompañó a la retirada de sus pertenencias del domicilio donde sucedieron los hechos.
