Grupos armados ilegales imponen ley en frontera colombo-venezolana

Grupos armados ilegales imponen su ley en una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ambos lados, donde amenazan a los habitantes con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte, alertó este miércoles un informe de Human Rights Watch (HRW).

Esta situación se presenta en el departamento colombiano de Arauca y el vecino estado venezolano de Apure, región fronteriza a merced de grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas que cometen todo tipo de abusos con total impunidad.

"Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado en los campos", dijo el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien presentará hoy el estudio en Bogotá.

En el informe "Los guerrilleros son la policía: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure" se documentan abusos en ambos lados de la frontera por parte de la guerrlila del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una disidencia de las desmovilizadas FARC y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).

LEY PROPIA

Human Rights Watch subraya que en esa parte de la frontera "los grupos armados no estatales usan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas".

Para constatar la situación, HRW visitó Arauca, en el este de Colombia, en agosto de 2019 y entrevistó a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.

Con esos testimonios, la organización concluyó que los grupos armados ilegales imponen en ambos lados de la frontera una amplia gama de reglas y "las hacen cumplir brutalmente".

Las reglas incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, "prohibiciones de violación, robo y asesinato" y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares.

Según el organismo, en algunas áreas "prohíben usar cascos de motocicleta para que los miembros del grupo armado puedan ver las caras de los viajeros y extorsionan rutinariamente dinero a prácticamente cualquier persona que realice actividades económicas".

IMPUNIDAD TOTAL

Con los testimonios recopilados, HRW concluyó que los abusos denunciados, "que incluyen asesinatos, trabajos forzados, reclutamiento de niños y violaciones, se cometen como parte de la estrategia de los grupos para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure".

Vivanco subrayó en el informe que "los grupos operan con una impunidad casi absoluta en ambos lados de la frontera y especialmente en Venezuela a veces están en connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales".

Según el estudio, aunque Colombia ha tratado de arrebatar el poder a los grupos armados, los abusos siguen impunes. Mientras en Venezuela, las guerrillas "parecen sentirse aún más libres para operar".

Habitantes, líderes comunitarios, periodistas y trabajadores humanitarios aseguraron a HRW "que en algunos casos, los grupos armados actúan en connivencia con las fuerzas de seguridad venezolanas y las autoridades locales".

"Al menos 16 cuerpos (sin vida) de civiles fueron encontrados en Arauca en 2019 con mensajes en papel en los que se acusaba a las víctimas de ser 'informantes', 'violadores', traficantes de drogas' o 'ladrones'. Algunos estaban firmados por grupos disidentes de las FARC que operan en el área", añade el informe.

Señala además que grupos armados en Arauca y Apure también castigan a los residentes de la zona "con trabajos forzados, obligándolos a trabajar durante meses sin paga en fincas, limpiando caminos o cocinando" para ellos, "lo que a menudo ocurre en Venezuela".

Colombia y Venezuela, que no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, comparten una frontera de 2.219 kilómetros, donde operan grupos guerrilleros, bandas criminales herederas de los paramilitares colombianos, contrabandistas, narcotraficantes y delincuentes comunes.