El juicio contra cinco sindicalistas del Sindicado Andaluz de Trabajadores (SAT) por asaltar y sustraer varias mercancías en un supermercado de Écija (Sevilla) en 2012, después de que este miércoles otros 15 aceptaran una pena de seis meses de prisión --que podrá sustituirse por el pago de una multa de 720 euros--, ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía ha mantenido la pena de un año y medio de prisión para cada uno por un delito de robo con violencia mientras que su defensa, la absolución.
En declaraciones a Europa Press el abogado de los sindicalistas, David Rodríguez, ha asegurado que en sus conclusiones finales ha insistido en su inocencia y que en caso de penalización sean condenados por hurto, ya que en un vídeo emitido en sala "se ve que estas cinco personas en ningún momento tocaron a los empleados del establecimiento".
De igual forma, ha precisado que en caso de condena "la pena sea moderada teniendo en cuenta los motivos que rodean a los hechos y las circunstancias económicas que se vivía en Andalucía en 2012".
Estos cinco sindicalistas, entre los que se encuentra el secretario general del SAT, Óscar Reina, declararon este miércoles ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla y negaron los hechos remarcando que se trató de un acto simbólico por la situación de crisis.
Previamente, en declaraciones a los periodistas y acompañado por el histórico dirigente de este sindicato Diego Cañamero, Reina insistió en su inocencia y señaló que "lo volvería a hacer una y 1.000 veces porque el único delito ha sido señalar con el dedo a los verdaderos culpables de la crisis".
"Mientras no se solucione esta situación de pobreza volveremos a hacer esta acción porque entendemos que el pueblo tiene que tomar las calle, no puede permanecer arrodillado con todo lo que está padeciendo en los últimos tiempos", subrayó Reina.
En cuanto a las lesiones causadas a trabajadores del establecimiento, los cuales declararon en la primera jornada del juicio, precisó que ellos han reparado el daño, con el pago de indemnizaciones que oscilan desde los 180 a los 450 euros, pero insistió en que "no hubo agresión sino que se vivió un momento de tensión". "Esta acción no iba contra ellos sino contra el sistema", aseveró Reina, quien recordó que los productos fueron repartidos a los vecinos de la corrala La Utopía.
Por su parte, Diego Cañamero señaló también que "lo volvería a hacer 1.000 veces si se produjera de nuevo esa situación alarmante de pobreza" porque, a su juicio, "simbólicamente ir a un supermercado a expropiar alimentos de primera necesidad para denunciar un caso no es robar ni es delito". De hecho, recordó que hicieron lo mismo en otro establecimiento y llegaron a un acuerdo.
