La juez del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha acordado este viernes aplazar al día 26 de febrero el juicio del caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía en la provincia para intentar localizar a uno de los ocho acusados, sobre el que se ha dictado una orden de busca, captura y detención.
En la sesión, la magistrada ha acordado su búsqueda por la Policía Nacional, a petición del fiscal, con la adhesión del letrado de la Junta, tras exponer la situación del encartado su defensa y respaldar en este caso el resto de las defensas, todo ello en las cuestiones previas.
Así, la juez considera que, ante la previsión de que el próximo día de celebración es el 26 de este mes, "hay margen suficiente para lograr la localización", habida cuenta de señalar el fiscal que esta persona "es fácilmente detectable".
No obstante, la magistrada ha manifestado que el procedimiento continuará aunque no se haya localizado al mismo, para lo cual también se dictaría una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión.
Al respecto, la abogada del citado ha indicado que al presentar la causa "elementos comunes" que incumben a su defendido, por lo que al no comparecer "se podría causar indefensión" de cara a "un posterior procedimiento", de ahí que haya pedido la suspensión del juicio, además de apuntar que la pena solicitada es superior a dos años de prisión.
Ante ello, el fiscal ha recordado que la petición de pena es de tres años de cárcel, por la supuesta comisión de un delito de fraude de subvenciones, de modo que ante su incomparecencia ha solicitado dictar un auto de busca, captura y detención para poder celebrar el juicio. A tal efecto, ha declarado que dicha persona "podría ser localizable en dos o cuatro días", de forma que "se podría dar un plazo prudencial para ver si puede ser detenido y estar a disposición del tribunal".
En este sentido, el Ministerio Público ha mantenido que "si está en paradero desconocido", aboga por continuar el juicio, porque "si no nunca se va a poder celebrar". El letrado de la Junta se ha adherido a lo expuesto por el fiscal por "las peculiaridades que se presentan", de modo que apoya "una medida que permita la búsqueda inmediata y continuar con el juicio".
ORGANIZACIÓN "ANÁRQUICA"
Por otra parte, el fiscal ha expresado que las actuaciones en esta causa se han organizado de manera "anárquica" en cuanto las declaraciones de acusados, testigos y peritos, de ahí que crea que ha habido "una vulneración del principio de tutela judicial efectiva" y "se genera indefensión" al advertir de testigos que no han sido citados. Así, ha pedido ampliar la testifical.
En la misma línea se han posicionado parte de las defensas, aduciendo "la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" y que "esta causa no está totalmente foliada en todas sus hojas" dentro de los 20 tomos que la componen, por lo que "va a ser imposible la práctica del interrogatorio de testigos", porque "no se van a poder exhibir documentos" al no saber los folios.
Al hilo de ello, la juez ha aludido en un principio a una serie de autos en los que ya se dijo que no eran admitidas las referidas peticiones sobre testigos, si bien finalmente ha accedido a la petición del fiscal.
En cuanto a los acusados, dos de los ocho, según ha adelantado el fiscal, prestarán su conformidad y reconocerán los hechos en sus declaraciones del día 26, al tiempo que la sesión continuará con los testimonios de los otros procesados.
Cabe señalar que las ocho personas están acusadas de delitos continuados de falsedad en documento público, así como en dos casos por fraude en subvenciones, por los que se enfrentan a sendas penas de tres años de cárcel para los ocho y multas de 27.000 euros para seis procesados y 300.000 euros para dos.
La calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que por orden de la Consejería de Empleo de la Junta de 23 de octubre de 2009 y con cargo a partidas presupuestarias de las cuentas de la comunidad autónoma para los periodos 2010/2011 se concedieron subvenciones, en régimen de concesión directa, para la impartición de cursos de formación dirigidos a personas desempleadas con compromiso de empleabilidad.
De este modo, en aplicación de la normativa a tal efecto, se beneficiaron nueve entidades de ámbito provincial, bajo el cumplimiento de una serie de exigencias. No obstante, supuestamente las subvenciones públicas otorgadas no fueron usadas para la finalidad prevista en la impartición de cursos.
FACTURAS INFLADAS
A juicio del Ministerio Público, se han inflado algunas facturas que se han tenido que entregar para justificar el uso de las subvenciones. Entre algunos ejemplos, advierte de "gastos desproporcionados" en costes directos, con gasto en material docente "sobredimensionado".
Igualmente, entre "las irregularidades más graves detectadas" cita "el incumplimiento" de compromisos de contratación, al "simular haber ofrecido presuntos contratos laborales a alumnos y mediante un ficticio informe, fuera totalmente de plazo, ha justificado la negativa de éstos a ser contratados". Así, el fiscal avisa de distintos "perjuicios al erario público".
Asimismo, explica que supuestamente ha habido "manipulación de las firmas de alumnos, con el fin de demostrar de manera irregular, tanto la entrega de materiales, como las calificaciones de alumnos, que nunca llegaron a realizarse por los interesados".
Por otra parte, sobre facturación, en una de las entidades "se imputan gastos de establecimiento, cuando la sede es propiedad de la empresa" beneficiada con subvención, al tiempo que "los recibos de material del curso están sin firma de los alumnos" y supuestamente hay "falta de rigor" en los procedimientos de selección, donde "se aprecian graves irregularidades".
Cabe señalar que en esta causa figuraban también funcionarios y autoridades de la Junta en legislaturas pasadas, que han quedado exonerados, pues, según la Fiscalía, no se puede demostrar la connivencia de estos con los presuntos autores de los fraudes.
