La Mesa del Turismo de la provincia de Huelva ha cuantificado este viernes que el impacto del coronavirus (Covid-19) en el sector supondrá alrededor de 18,7 millones de euros de pérdidas económicas, "sin tener en cuenta el impacto que el incremento descontrolado de las cancelaciones", lo que "podría suponer la pérdida de unos 2.500 puestos de trabajo".
Además, han señalado el indicador "en negativo" de la evolución de las reservas que pueda conllevar dichas pérdidas, "dada la dificultad de su cálculo en estos momentos ante la fluctuante y preocupante evolución de los acontecimientos", tras analizar el informe de situación planteado por el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH), según ha informado el organismo en nota de prensa.
Del mismo modo y partiendo de la información aportada por los miembros de la mesa, han destacado que el impacto en el empleo "podría suponer la pérdida de unos 2.500 puestos de trabajo directos a corto plazo", vinculados a "la preocupante previsión de cierres masivos de unas 15.500 plazas hoteleras".
Estos son los principales datos extraídos en el transcurso del encuentro promovido por los representantes del sector turístico en la provincia, en la que se han analizado y valorado el Informe Evolución- Impacto en el Sector Hotelero Onubense de los efectos del Covid-19, elaborado desde el CETH.
En esta reunión, también se ha analizado el acuerdo alcanzado por CEOE, Cepyme, UGT Y CCOO sobre las medidas extraordinarias por "la problemática laboral generada" por el coronavirus y el Real Decreto-Ley 7/2020 del 13 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19. Al mismo tiempo, desde esta mesa se han consensuado la propuesta de otras medidas para afrontar "la crítica" situación en la que se encuentra el sector turístico en la provincia.
En este sentido, los representantes del sector turístico han apuntado que "apoyan" las medidas extraordinarias estatales, consensuadas por los agentes sociales y empresariales, "destacando especialmente" las medidas aplicadas para la adaptación de la normativa reguladora de los ERTE, en concreto, "la no exigencia de período de carencia en el cobro de las prestaciones de desempleo, el no cómputo de los períodos de desempleo consumidos durante esta suspensión; así como la suspensión de la obligación del pago de las cotizaciones por parte de las empresas".
Del análisis del Real Decreto Ley, la mesa ha indicado que las medidas adoptadas por el Gobierno central "no aportan una solución real para hacer frente a la crisis que el coronavirus está suponiendo en el sector".
A este respecto, han reseñado que la aportación realizada desde el ICO y valorada en 400 millones de euros "resulta completamente insuficiente, máxime si tenemos en cuenta la transversalidad sectorial de su aplicación".
Respecto del período de carencia de tres meses para el pago de impuestos por parte de las PYMES y autónomos, la mesa considera que "debería ser sustituido por un período de exención, que cubra al menos los seis meses previstos por el Gobierno", pues "de otra forma no aporta una solución real a la problemática existente".
No obstante, esta mesa ha valorado "de forma positiva" la asimilación a accidentes de trabajo de los casos diagnosticados por el Covid-19, así como las bonificaciones en seguridad social para las contrataciones realizadas en el sector en el período de febrero a junio de 2020, aunque creen que en este último caso "deberían complementarse con medidas dirigidas a los trabajadores actualmente activos y que podrían verse incursos en procedimientos de paros temporales".
Con todo, la mesa considera "necesaria" la implicación "activa" de las administraciones locales "de forma que se adopten medidas encaminadas a la exención de las tasas municipales, el IBI y el IAE, en su caso, durante un período mínimo de seis meses".
Asimismo, desde la mesa han realizado un llamamiento "al sector en su conjunto" para que las medidas laborales, "se realicen desde la máxima prudencia y calma, contando activamente con la representación legal de los trabajadores" y evitar "comportamientos precipitados" teniendo en cuenta que a principios de la próxima semana está previsto el anuncio de nuevas medidas en el ámbito laboral, "de ahí la recomendación de esperar a la publicación de dichas medidas antes de adoptar ninguna decisión".
