Las empresas que forman parte de la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva han solicitado este lunes al Puerto de Huelva que les detalle qué va a ocurrir con el futuro inmediato de su actividad "ante la orden de desalojo forzoso" de sus instalaciones actuales en el Muelle de Levante que vence este próximo 30 de junio.
Estas empresas tendrían que estar a partir del 1 de julio en el nuevo edificio de la Ciudad del Marisco que está construyendo la Autoridad Portuaria junto al acceso al Puente Sifón de Punta Umbría. Sin embargo, las obras de esta infraestructura no están aún terminadas "y no hay fecha definitiva que determine cuando podrán comenzar su actividad allí las empresas exportadoras de pescados y mariscos", según ha explicado Agustín León, socio abogado de Montero Aramburu Abogados, despacho que representa a esta Asociación.
De esta manera, los responsables de las empresas de la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva se han concentrado en la mañana de este lunes ante la sede de la Autoridad Portuaria de Huelva para trasladar a esta Institución la situación de incertidumbre que viven en estos momentos, según han indicado en una nota de prensa.
En este sentido, han señalado que, además de no saber qué ocurrirá con estas empresas a partir de este próximo 1 de julio, los exportadores de mariscos han vuelto a insistir ante la Autoridad Portuaria que habilite un plan de indemnizaciones con el que cada empresa pueda hacer frente a los costes que tiene su traslado "forzoso" al nuevo edificio de la Ciudad del Marisco, ya que los futuros locales "tienen una renta mensual que duplica a la actual y se entregan sin instalaciones y equipamientos básicos, cuyos costes deberá asumir cada empresa".
En este contexto han apuntado que los gastos "son tan altos" que para muchas empresas "son inviables e inasumibles", según ha explicado Agustín León.
Además, León ha reseñado que las empresas consideran que están amparadas por la Ley, "ya que la autorización administrativa que en su momento les otorgó el Puerto y que dio pie al inicio de su actividad en las naves del Muelle de Levante ha pasado a ser, con el transcurso de los años, una auténtica concesión que ha ido legitimando la ocupación del dominio público portuario y ha consolidado unos derechos de uso sobre dichas instalaciones".
Por ello, y ante la jurisprudencia que ya existe en casos como este, "la asociación considera que el traslado forzoso decretado por la Autoridad Portuaria de Huelva a cada empresa para que se instale en la Ciudad de Marisco debe incluir este plan de indemnizaciones que irá destinado de forma exclusiva a cubrir los gastos que deben afrontar para iniciar la actividad en el nuevo emplazamiento".
En este sentido, Agustín León ha aclarado que "en ningún momento las empresas están solicitando una indemnización genérica, sino una indemnización adaptada a los gastos reales que tienen que realizar de forma individualizada cada empresa para iniciar la actividad en la Ciudad del Marisco, previa justificación de los mismos".
Por su parte, la
Autoridad Portuaria de Huelva ha señalado este lunes que ha mantenido un diálogo "constante" con el sector de los exportadores de pescados y mariscos, a fin de establecer "las mejores condiciones" para la implantación de las empresas en las nuevas instalaciones de la Ciudad del Marisco y ha subrayado que el plazo de desalojo de las instalaciones actuales se ha prorrogado automáticamente durante la vigencia del estado de alarma hasta finales del mes de septiembre.
Así lo ha indicado en un comunicado de prensa, en relación con las manifestaciones hechas públicas este lunes por la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva.
De este modo, desde el Puerto han detallado que las autorizaciones administrativas de la que han disfrutado en los módulos situados en el Muelle de Levante tienen su origen hace décadas con legislaciones distintas a la vigente, y con "instalaciones obsoletas para el desarrollo de su actividad".
Por esta razón, han incidido en que los títulos administrativos se extinguieron el pasado 31 de diciembre de 2019 y se abrió un plazo "amplio" para el desalojo de instalaciones.
En este contexto, han remarcado que "aunque no es función de la Autoridad Portuaria buscar alternativas a esta actividad", dentro de su "compromiso" de apoyo al tejido empresarial de Huelva, ha ejecutado el proyecto de la Ciudad del Marisco, "dotado de unas instalaciones modernas, adaptadas a las nuevas exigencias del mercado y a la normativa actual, donde podrán optar por ubicarse las empresas que lo decidan".
En este sentido, ha subrayado que se ha mantenido un diálogo "constante" con el sector, a fin de establecer "las mejores condiciones funcionales y económicas para la implantación de las empresas que así lo deseasen en estas nuevas instalaciones".
De esta forma, ha señalado que se ha ajustado al mínimo legal el importe de las tasas, resultando un importe de 580 euros mensuales por un local de 150 m2 y que los locales se encuentran sin equipamiento "para que cada empresario pueda adaptarlo a su actividad concreta, así como para abaratar al máximo el coste a repercutir en las mencionadas tasas".
La Autoridad Portuaria ha reseñado que lleva meses instando a los empresarios a tramitar la concesión de los módulos en la Ciudad del Marisco a fin de facilitar la ubicación de aquellos que quieran implantarse en las nuevas instalaciones.
En este contexto, han apuntado que "el retraso en formalizar estas solicitudes ha hecho que los plazos sean muy estrictos, si bien hay que tener en cuenta que el plazo de desalojo de las instalaciones actuales se ha prorrogado automáticamente durante la vigencia del estado de alarma, contándose en estos momentos hasta finales del mes de septiembre".
Por último, desde el Puerto han destacado que "ninguna de las resoluciones de la Autoridad Portuaria ha sido recurrida por los empresarios, que pretenden una indemnización por la extinción de un título al término de su vencimiento natural y por obsolescencia de las instalaciones, y en una situación ante la que, en ningún caso, la APH fuerza, obliga, ni insta a traslado alguno de los empresarios".
