La concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Helena Fernández, ha detallado hoy cómo está procediendo el Consistorio gaditano respecto al programa de “tarjetas monedero” impulsado por la Junta de Andalucía y que el Gobierno andaluz ha decidido gestionar desde subvenciones a Cruz Roja.
Fernández ha incidido en que el Ayuntamiento de Cádiz está “en contra” de cómo ha articulado la Junta de Andalucía este programa extraordinario de ayuda para necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el coronavirus, porque “lo más sencillo, lo más ágil, lo más útil era librar las prestaciones económicas a los ayuntamientos para que complementaran las ayudas que se dan a nivel local a usuarios y usuarias con una situación ya valorada”.
Al hilo, explica que pese a que ahora el Gobierno andaluz haya encomendado la gestión de estas nuevas ayudas a Cruz Roja, “para acceder a ellas es el personal de los servicios sociales municipales quien tiene que valorar a las familias para la concesión de dichas tarjetas”. En esta línea, recuerda que la decisión de la Junta “incumple la Ley de Servicios Sociales, que establece la gestión directa por parte de las administraciones públicas de sus prestaciones y servicios. Sólo a través del sistema público de Servicio Sociales se garantiza que la dignidad de las personas siempre quede protegida, y consideramos que la gestión de este nuevo programa es un paso atrás en el modelo de los Servicios Sociales públicos”.
“No es justo que quienes estén sufriendo las consecuencias sociales y económicas del coronavirus acaben en un peregrinaje por diversas entidades para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas. Las ayudas directas tienen en cuenta la dignidad de las personas y sus derechos”, añade.
La concejala de Asuntos Sociales se pregunta “por qué no se apuesta desde la Junta de Andalucía de manera directa por los servicios sociales públicos haciendo más fácil, más rápida y más eficaz la llegada de recursos a las familias vulnerables”. “Las valoraciones profesionales son imprescindibles, por lo tanto, es mucho más lógico que se traduzcan en ayudas directas, por simplificar el circuito y porque hay que priorizar las prestaciones económicas”, indica.
Pese a todo, responsables de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz ha mantenido dos reuniones sobre la puesta en marcha del programa y ha mostrado su colaboración al respecto. “Entendemos que es un recurso más de la comunidad autónoma del que pueden beneficiarse muchas familias gaditanas, y pese a no estar de acuerdo con la forma de gestionarlas, por responsabilidad en la gestión y por responsabilidad con las familias castigadas especialmente por el coronavirus entendimos que debíamos acudir, colaborar e intentar colaborar de la mejor manera posible siempre pensando en el bien de las familias”.
Así, el Ayuntamiento de Cádiz propuso un protocolo de actuación para simplificar el procedimiento y llegar al mayor número de familias gaditanas, una iniciativa que fue aceptada por la Junta de Andalucía. De hecho, desde la Delegación de Servicios Sociales del Consistorio gaditano se están ya derivando de oficio informes de vulnerabilidad de distintas familias a Cruz Roja, que es la entidad encargada de gestionar finalmente las ayudas. En concreto, se están emitiendo informes de oficio de las familias acogidas al plan Syga y de aquellas que han recibido las ayudas de emergencia municipales puestas en marcha por el coronavirus y siguen manteniendo las mismas circunstancias que tenían cuando les fue concedida. Cualquier persona que quiera solicitar la ayuda y no se encuentre enmarcada en uno de estos dos supuestos debe acudir directamente a Cruz Roja y presentar la solicitud.
En cualquier caso, Helena Fernández considera que las ayudas puestas en marcha por la Junta de Andalucía son “insuficientes” puesto que “ya en una reunión técnica se nos informó de que para la provincia de Cádiz habría unas 1.900 tarjetas y tan sólo en Cádiz capital harían falta unas 3.000, por lo que el total dispuesto para la provincia apenas llega a cubrir la mitad de la demanda que hay en la ciudad de Cádiz”.
La edil insiste en que “el Ayuntamiento de Cádiz siempre mira, ante todo, por las gaditanas y los gaditanos que lo están pasando mal, por encima de disquisiciones sobre la forma de proceder de la Junta de Andalucía”. “Creemos que el deber de las instituciones es poner siempre por delante los intereses de la ciudadanía, y es lo que hemos hecho en este caso”, asevera, al tiempo que confía en que la Junta de Andalucía “rectifique en futuras convocatorias y no siga dando pasos atrás en el modelo de servicios sociales; que confíe en los ayuntamientos, en el trabajo profesional del personal técnico municipal y, sobre todo, que evite a las personas que lo están pasando mal un peregrinaje burocrático que es muy penoso y que puede suprimirse con una gestión eficaz, rápida y directa como la que ofrecen los servicios sociales municipales, que son además los encargados por ley de completar esta función”.
