Adelante Cádiz ha conseguido el respaldo unánime de todos los grupos políticos que conforman el arco plenario de la Diputación a su moción para instar al Gobierno de la nación a que modifique la convocatoria de 2020 y sucesivas, de los requisitos de acceso a las ayudas económicas a corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. El objetivo es que municipios como Tarifa, La Línea, Sanlúcar, Conil o Barbate, puedan ser beneficiarios de las subvenciones por su elevado índice de criminalidad, la afección a la salud pública o a la imagen del municipio.
Como ha defendido el diputado Antonio Romero, “la legislación señala que sólo podrán acceder a esos fondos las capitales de provincia y las localidades de más de 100.00 habitantes, cuando en nuestra provincia tenemos municipios que padecen unas circunstancias condicionadas al narcotráfico, como es el caso de Tarifa, Barbate, La Línea o Sanlúcar, y quedan excluidos cuando serían los más interesados en acogerse a esta línea de subvenciones”. Estos municipios, “no sólo necesitan más efectivos policiales, que también, sino oportunidades como ésta para poder transformar su realidad”. Una lacra que “ni siquiera se ha visto afectada por la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID19”.
Formaciones como 100x100 La Línea han expresado su apoyo “incondicional” a esta medida, tal como ha manifestado su portavoz y alcalde de La Línea, Juan Franco, que ha lamentado de manera jocosa “que no se nos hubiera ocurrido a nosotros antes”. El diputado del PSOE, David de la Encina, incluso ha matizado que el 50% de los fondos decomisados por actividades ilícitas de drogas a nivel nacional, se localizan en la provincia, algo que hace más necesaria aún esta modificación legal que daría más fondos para la prevención a los municipios afectados.
Otra propuesta de Adelante que ha obtenido el respaldo de la Diputación, menos del PP, es la enmienda de adición presentada a la moción de AxSí sobre el recorte de universidades. Como ha explicado el diputado provincial José María González, la enmienda recoge además de las peticiones de los rectores andaluces, una clara defensa de la Universidad de Cádiz, a la que le han recortado 14 millones de euros y el apoyo expreso de la Diputación al proyecto de la Facultad de Ciencias de la Educación en Valcárcel. Propuesta que ha encontrado los votos favorables de todos los grupos políticos, a excepción del PP, que ha optado por la abstención. “La Universidad tiene que seguir siendo un motor social, de conocimiento, económico y solidaridad que no puede sufrir recortes”, ha insistido.
También ha sido aprobada, con los votos en contra de PP y Cs, la enmienda de Adelante Cádiz a la moción del PSOE sobre los planes de empleo de la Junta. En la propuesta de Adelante, se insta al Gobierno de Moreno Bonilla a que aumente, como mínimo, su dotación presupuestaria, corrigiendo además el error cometido en 2018 y asuma los costes establecidos por el SMIS y los convenios colectivos del sector correspondiente, evitando así que estos costes recaigan de nuevo sobre los ayuntamientos; que ponga en marcha los planes de formación manteniendo al menos la dotación presupuestaria anterior, y que revise y modifique los criterios técnicos y formas de financiación que se vienen teniendo en los planes de empleo atendiendo a las demandas de las entidades locales y la FAMP.
González ha sido muy beligerante en este punto, manifestando que “este Plan Aire recorta en derechos y en futuro para nuestra tierra, con 100 millones menos para Andalucía y 13 para Cádiz”. “El Gobierno de Moreno Bonilla no tiene vergüenza al vender un plan de empleo como un éxito sin decir que serán los ayuntamientos los que tendrán que aportar el 50%, mientras que la Junta sólo se hará cargo del 5%, al contar con el 45% de la UE. Eso es como que invitarte a cenar y luego tener que pagar tú”.
El también alcalde de Cádiz, ha lamentado además la puesta en marcha de este Plan Aire “sin diálogo previo con los ayuntamientos y sabiendo que muchos, no podremos hacernos cargo de esta medida”. González ha recordado que el Ayuntamiento de Cádiz se ha sumado a la FAMP y a otros ayuntamientos en la denuncia de este plan y en la exigencia de que den marcha atrás. “No pueden hacer ese cambio de buenas a primeras, sin avisar, sin consultar y sin escuchar”.
