El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha lamentado que el Gobierno andaluz de PP y Cs haya promovido una nueva edición del programa autonómico de incentivación de contrataciones temporales a través de los ayuntamientos, "con los mismos problemas" detectados en dicho plan durante la etapa de gobierno del PSOE, en alusión a los costes adicionales derivados de la obligatoriedad de que los consistorios paguen tales contrataciones conforme a sus correspondientes convenios colectivos.Además, critica la reducción presupuestaria de dicho programa.
En una entrevista con Europa Press, Fernando Rodríguez Villalobos ha señalado el programa de Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (Aire) que promueve el Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno gracias a fondos europeos, un plan heredero de las políticas similares impulsadas desde la Junta de Andalucía en la anterior etapa.
Dicho programa cuenta con más de 165 millones de euros para fomentar unas 19.000 contrataciones temporales entre personas desempleadas de toda la región, mediante incentivos a los municipios.
Mientras a los ayuntamientos de la provincia de Sevilla corresponden algo más de 30,3 millones de euros para la contratación temporal de desempleados al objeto de afrontar aspectos como obras menores, el mantenimiento de espacios públicos, atención social y servicios públicos básicos; las bases del citado programa autonómico especifican que los incentivos a recibir por cada municipio "se calcularán en función de la duración del contrato (entre seis y ocho meses) y el grupo de cotización a la Seguridad Social".
LO QUE HAY QUE PAGAR
Ante ello, el presidente de la Diputación de Sevilla ha recordado las diversas sentencias del Tribunal Supremo que han zanjado que los trabajadores contratados temporalmente por los ayuntamientos merced a programas públicos de incentivación de empleo están abarcados por el convenio colectivo de tales instituciones y, como tal, sus retribuciones han de ajustarse a dicho convenio colectivo.
No pocas de tales sentencias han recaído especialmente sobre el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado por la socialista Ana Isabel Jiménez junto a Cs, que tras los litigios promovidos por las personas contratadas eventualmente con cargo a las ayudas de las anteriores ediciones del actual plan Aire, ha sido condenado en reiteradas ocasiones a pagar cantidades adicionales a estos trabajadores para que sus salarios se ciñesen al convenio colectivo municipal.
Recientemente, por cierto, el propio alcalde de Sevilla, Juan Espadas, advertía de que "algo falla" en esta edición del programa autonómico de incentivación de contrataciones temporales, cuando "por cada puesto de trabajo que financia la Junta, el Ayuntamiento tiene que poner tres veces la cantidad para hacerlo posible".
"VALE MÁS EL COLLAR QUE EL PERRO"
En esa misma línea, Fernando Rodríguez Villalobos ha manifestado que con la obligación ya determinada por el Supremo de pagar estas contrataciones temporales conforme a los convenios colectivos municipales, "vale más el collar que el perro", lo que le ha llevado a lamentar que el actual Ejecutivo andaluz haya promovido la nueva edición de este programa "con los mismos problemas que había antes, pese a que el PP se los había echado en cara al Gobierno anterior" del PSOE.
Y es que según avisa, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, "se escuda en el desaguisado que le habían dejado" los anteriores gobernantes del PSOE con relación a este programa, pero no ha resuelto el asunto.
La situación, según ha expuesto, ha provocado que "muchos ayuntamientos, gobernados por el PP, por el PSOE y por todos" los partidos políticos hayan optado por "quedarse fuera" de este plan, toda una "desolación en el mundo local".
Y "113 MILLONES MENOS"
Pero según Rodríguez Villalobos, no es sólo que este plan no haya sido "mejorado" para solventar el problema descrito, sino que está nueva edición del programa "desmejora" con relación a la anterior al contar con "113 millones de euros menos".
"Sigue el mismo problema, pero con 113 millones menos", ha lamentado el presidente de la Diputación de Sevilla, opinando que para este tipo de planes, el Gobierno andaluz debe "sentarse con el mundo local" para "poner los puntos sobre las íes" de las medidas y así evitar situaciones como la descrita.
