Los cursos de la Universidad Popular Municipal (UPM) arrancarán el próximo 9 de noviembre y por el momento se han inscrito 1.090 personas. De éstas, un total de 511 matrículas son para cursos con grupos ya cubiertos, de diez o más personas. Hasta el momento, el Ayuntamiento confirma el desarrollo de 48 cursos en las dos sedes.
La edil de UPM, Eva Funes, ha reconocido este martes que son datos “provisionales”, pues el plazo de matrícula se ha ampliado hasta el 23 de octubre y queda abierto hasta el día 28 para el programa de barrios.
Hasta ahora, se han ofertado 2.328 plazas para más de 200 cursos, “de un total de 385 cursos que se irán programando a lo largo del curso académico, con más de 6.000 plazas disponibles”, apuntó.
Con 86 monitores pendientes del cupo de los cursos, la edil confirmó que “con menos de diez alumnos” no se realizarán. “Hay cursos que nos cuestan entre más de 2.800 euros y hasta 6.700 euros. No podemos ofertar un curso que no tenga un mínimo de interés para la ciudadanía. Si se matriculan menos de 10 alumnos, entendemos que el curso no tiene interés y no haremos ese esfuerzo económico”, espetó.
Cada curso tiene un “monitor asociado” y sus contratos “están relacionados con la existencia de un curso”. Dijo: “No podemos contratar a alguien que no tenga curso, sería prevaricar. Su contrato está condicionado a un llamamiento, en relación a los cursos que realiza”.
La enseñanza será online, presencial y la semipresencialidad será responsabilidad de cada monitor. “Estamos haciendo un trabajo ingente para ofrecer cursos seguros. Tenemos previsto un plan de contingencia”, dijo.
Funes recordó que ya cuentan con una Plataforma de Formación online que les permite cursos semipresenciales y online, y una Plataforma de Comunicación con los alumnos. “A pesar de los mensajes catastrofistas, las acusaciones infundadas y la utilización política de monitores apoyados por un sindicato, la UPM sigue con su propuesta formativa, con la idea de desarrollar un curso lo más seguro posible”, valoró.
La representante sindical de CSIF en la UPM, Vanessa Martínez, denunció “falta de comunicación” y “dejadez a la hora de promocionar cursos y atraer a alumnos y llenar talleres”. En declaraciones a VIVA, dijo: “No han sacado folletos. Han dificultado la matrícula. Los alumnos han tenido problemas para hacerlo de forma presencial. No se atiende por teléfono y no han publicitado qué protocolo van a llevar a cabo”.
Pendiente de sus empleos, pide que “si no hay grupos” se les “reubiquen” o planteen una “movilidad funcional” para otros puestos. “Ya hay un caso en el Ayuntamiento de León, donde han reubicado a 150 trabajadores fijos discontinuos”, dice.
En cuanto a los convenios con los centros sociales, Martínez confirma que “después de tener las matriculaciones hechas, han dicho que no se van a realizar los cursos porque no tienen ventanas”, señalando que “van a devolver las matrículas”.
Según Martínez, el plazo queda abierto para 32 cursos, que son los que tienen ocho alumnos matriculados, para alcanzar los diez necesarios (20 cursos en la sede central y 12 en la Sabetay).
Irregularidades
Funes detalló el estado de las infraestructuras y las irregularidades en la gestión en materia de personal durante el primer año de gestión, señalando el “monumental estado de abandono” de la sede central. “Estamos trabajando para medir el estado real de las instalaciones, que han puesto en peligro la seguridad de los usuarios, con ausencia de plan de emergencia, de evacuación y señalética en caso de incendio. Hemos contratado una empresa que realizará una evaluación”, confirmó. En cuanto al escenario, ha sido clausurado por el “riesgo de electrocución para los usuarios, con un techo salpicado de agujeros y goteras derramadas sobre los asientos”.
El sistema de alarma de la UPM, que se pagaba anualmente, no existía. “No había nadie al otro lado del teléfono”, confirma.
En materia de personal, señaló “graves incumplimientos e irregularidades”, como contratos de personas “a las que se les pagaba en negro”, refiriéndose al “personal nativo de los talleres de idioma” que ejercían “de monitor sin vinculación laboral con la UPM”, pagados por los monitores a los que suplían la ausencia. También, “contrataciones menores reiteradas de empresas privadas y falsos autónomos” y “contrataciones arbitrarias de monitores”.
Por otro lado, dijo que “no se han tenido en cuenta los planes de prevención y evaluación de riesgos” y que “los talleres infantiles de verano, carecían de las garantías mínimas de seguridad y confort para los menores, con aulas sin climatizar y sin la obligatoria autorización administrativa de la Junta de Andalucía para la inscripción de menores de 6 años”.
En definitiva, “un cúmulo de circunstancias” que les pone en “una situación de mucha dificultad”. Funes descartó medidas legales contra el anterior equipo de Gobierno.
