Un jurado popular enjuicia desde este lunes en Granada al acusado de matar de un tiro en la madrugada del 15 de octubre de 2018 al guardia civil José Manuel Arcos Sánchez en Huétor Vega (Granada) cuando estaba de servicio, al que disparó con su arma reglamentaria tras arrebatársela después de una persecución.
La Fiscalía ha solicitado para el acusado un total de 27 años de prisión por delitos de homicidio, daños, robo de vehículo a motor y depósito de armas de guerra.
El juicio estaba inicialmente previsto para el 1 de junio, pero fue suspendido a raíz de que las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil alegaran que la sala de vistas no cumplía las condiciones sanitarias y de distancia física necesarias frente al coronavirus.
En esta ocasión, en vez de celebrarse en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, como era habitual antes de la pandemia, se trasladará a la sala habilitada al efecto en el edificio judicial de La Caleta. El juicio está señalado del 23 al 27 de noviembre y comenzará con la selección del jurado y la declaración del acusado.
Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2018 en Huétor Vega, cuando, sobre las cuatro de la madrugada, el acusado arrebató tras una persecución el arma reglamentaria al agente José Manuel Arcos Sánchez y a corta distancia, con intención de acabar con su vida, le disparó en la zona situada entre el abdomen y la ingle, lo que le provocó la pérdida masiva de sangre y el fallecimiento por shock hipovolémico, según el relato del fiscal.
La persecución se inició cuando supuestamente el acusado "aceleró" tras darle el guardia civil el alto, junto con la agente en prácticas que lo acompañaba, después de que realizara "una maniobra que resultó sospechosa (...) probablemente porque manejaba un vehículo robado y porque portaba una mochila con un arma" considerada de guerra que arrojó durante la huida.
Junto a la pena de cárcel, la Fiscalía reclama para el acusado, que está en prisión provisional por estos hechos, más de 334.000 euros en indemnizaciones para la mujer y los dos hijos que dejó el agente fallecido.
La acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, ha solicitado 42 años y medio de prisión; y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la guardia civil en prácticas que acompañaba al fallecido, 37 años. A ello se suman las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, que se han adherido a la petición fiscal.
