Los gibraltareños podrán circular libremente por España y los 26 países que han suscrito el Tratado de Schengen, de modo que el Peñón no tendrá una frontera terrestre para las personas que se internen en su territorio. Sin embargo, sí que tendrán una frontera aeroportuaria reforzada, de modo que los británicos que viajen a Gibraltar desde Reino Unido tendrán que someterse a controles de pasaporte incluso cuando visiten la Roca.
Así lo aseguran en un artículo publicado en el diario El País, en el que indican que esta será "la principal consecuencia práctica del acuerdo que ultiman España, Reino Unido y Gibraltar para definir la relación del Peñón con su entorno español a partir del 1 de enero, cuando se consume el Brexit. El encaje en este pacto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) es el último escollo".
Aseguran, igualmente, que "si culminan con éxito las negociaciones en curso, Gibraltar se convertirá por vez primera y de la mano de España en parte del acuerdo de Schengen, que permite la libre circulación de personas por 26 países europeos (22 de la UE, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein), del que nunca formó parte el Reino Unido".
Desde el rotativo afirman que las posiciones "se encuentran muy próximas: ambas partes están de acuerdo en garantizar la libre circulación de personas por la Verja a cambio de que el aeropuerto y el puerto de Gibraltar se conviertan en frontera exterior de la UE para el control de viajeros".
Además, España habría aceptado que durante un periodo transitorio, no serán policías españoles los que controlen a los viajeros que lleguen a Gibraltar, sino agentes del Frontex.
El Tratado de Schengen garantiza -recuerdan- el libre tránsito de personas, pero no así el de mercancías, que deberán someterse a controles fitosanitarios y aduaneros. Según indica El País, este problema se resolverá "mediante la instalación de puntos de inspección que no se situarán en la Verja", y para ello el Ministerio del Interior ha encargado "obras urgentes por más de cuatro millones para adaptar las instalaciones aduaneras de La Línea".
La clave habría estado, indican, en "aparcar, sin renunciar a ella, la reivindicación de la soberanía para buscar un acuerdo pragmático que beneficie a todos y, en palabras de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, propicie un “espacio de prosperidad compartida”.
