Nadie en su sano juicio pone en duda la gravedad de la crisis que estamos viviendo. Ya sea en términos estrictamente sanitarios, con más de 50.000 personas fallecidas en nuestro país, o en su dimensión económica o social, estamos asistiendo a una situación excepcional y cuyo devenir genera gran incertidumbre. Por ello, extraña doblemente el interés de algunos por profundizar en una polarización social que, lejos de ayudar, aleja todavía más la posibilidad de acuerdos políticos de calado. Cuando más falta hace la altura de miras, menos se la espera.
Sin embargo, ha habido un espacio de consenso y negociación que sí ha dado como fruto acuerdos de enorme trascendencia económica y social que han permitido sostener al tejido empresarial y proteger a las personas más vulnerables. El diálogo social emprendido por sindicatos y organizaciones empresariales ha sido refrendado por el Gobierno en forma de normativas de excepción adecuadas a la situación que el país estaba viviendo. Se han salvado millones de puestos de trabajo y cientos de miles de empresas gracias a ello. El diálogo social sí ha estado a la altura de las circunstancias, lo cual debiera servir de lectura para los meses y años venideros.
Por eso es importante reforzar la senda de la cobertura a los colectivos y personas más vulnerables y consolidar una vía de recuperación a la crisis que no deje a nadie atrás. La subida del Salario Mínimo Interprofesional se sustenta en la necesidad de permitir que quienes peor lo están pasando puedan acometer de la mejor manera posible la subida de precios que los alimentos básicos han experimentado (2,6%), por ejemplo.
Por otro lado, parece de justicia retomar la rectificación de unas reformas laborales que han precarizado el empleo en nuestro país hasta límites desconocidos hasta ahora, restando derechos colectivos a las personas trabajadoras y situando en el despido y la rebaja de costes salariales la vía natural de competitividad económica de nuestras empresas. Además, se trataba de un compromiso de gobierno refrendado en sede parlamentaria.
Asimismo, resulta de justicia la derogación de la reforma del sistema de pensiones que impuso un factor de sostenibilidad alejado del reto demográfico y la realidad de cientos de miles de personas que sostienen unidades familiares con pensiones muy limitadas. Más aún teniendo en cuenta que existe ya consenso en el marco reconocible del Pacto de Toledo.
Son cuestiones de enorme trascendencia para la mayoría social de este país y que requieren de un esfuerzo por consolidar la senda de la lucha contra la desigualdad cuando más riesgo de fractura existe. Defendemos con claridad esta posición en las mesas de diálogo y lo haremos en la calle -con todas las medidas de precaución y prevención necesarias-, si es necesario en forma de movilizaciones. No podemos permitirnos que se aproveche la crisis sanitaria para apretar, de nuevo, las tuercas a quienes precisan de toda la protección y apoyo disponibles.
