Los presos y su indulto irrumpen en unas elecciones forzadas por la justicia

Cataluña se encamina a sus segundas elecciones autonómicas tras el 1-O de nuevo pendiente de la justicia, que ha torcido los planes del Govern de aplazar el 14F, y con el debate abierto sobre el indulto a los presos del procés y su irrupción en campaña, una vez han recuperado la semilibertad.

EL TSJC MANTIENE EL 14F

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) marcó ya el pasado viernes la primera jornada de la campaña electoral con su decisión de anular el decreto del Govern que aplazaba las elecciones al 30 de mayo y mantener los comicios el 14F, como había acordado una semana antes de forma cautelar.

Tras un año en que ha inhabilitado por desobediencia al president Quim Torra, al conseller de Exteriores Bernat Solé y a los miembros soberanistas de la Mesa de Carme Forcadell en el Parlament, la justicia vuelve A situarse en el tablero político en época electoral, en esta ocasión a raíz de los recursos que formaciones extraparlamentarias, plataformas y particulares presentaron contra la suspensión del 14F.

La sentencia ha concitado otra vez las iras del independentismo, que atribuyen la apuesta por mantener el 14F a una operación inspirada en cálculos electorales para descabalgarlos del Govern aprovechando el tirón que las encuestas otorgan al candidato del PSC, el exministro Salvador Illa.

LOS PRESOS DEL PROCÉS: TERCER GRADO E INDULTOS

La campaña tiene también puesta la mirada en los expedientes de indulto a los presos del procés, a quienes la conselleria de Justicia, dirigido por la republicana Ester Capella, devolvió el tercer grado revocado por el Supremo la víspera del inicio de campaña, entre feroces críticas de PP y Cs.

Nada más abandonar la prisión, los líderes independentistas han clamado por la "amnistía" -una salida que, a diferencia del indulto, permitiría también el regreso de los exmiembros del Govern huidos de la justicia- y no han tardado en sumarse a mítines y actos electorales de sus respectivas formaciones para pedir el voto.

Tampoco es ajeno a la campaña, en su caso por vía telemática desde Waterloo, el expresident Carles Puigdemont, simbólico cabeza de lista de JxCat que sigue a la espera de que la Eurocámara resuelva si le levanta la inmunidad para que el Supremo pueda reactivar las euroórdenes de detención, un proceso que está previsto que no se alargue más allá de abril.

Es muy poco probable que el Gobierno resuelva las peticiones de indulto que tiene sobre la mesa antes del 14F, puesto que todavía el Supremo debe decidir su postura -previsiblemente contraria a la medida de gracia-, lo que alivia la presión sobre el candidato socialista a la Generalitat.

Lo que sí podría detonar en campaña, de mantenerse el calendario previsto, es el informe de la Abogacía del Estado: el Supremo le acaba de pedir que se pronuncie, después del tajante no de la Fiscalía, que ha exigido que los indultos no sean utilizados como "moneda política de cambio" para la "obtención de apoyos parlamentarios".

Además de los indultos y la amnistía que reivindican los partidos del procés, la situación penitenciaria de los presos también puede derivar en arma arrojadiza para los candidatos del 14F, especialmente si, como es previsible, la Fiscalía recurre el tercer grado y fuerza su suspensión por orden judicial, con la campaña en marcha.

LA CORRUPCIÓN

Como viene sucediendo desde hace más de una década, la corrupción podrá servir de nuevo de munición electoral: los casos 3 % y Pujol, con la investigaciones judiciales ya ultimadas y listas para juicio, siguen amenazando al espacio posconvergente de JxCat y PDeCAt, pese a sus intentos de desvincularse de la extinta CDC.

A esas tramas se suman los problemas con la justicia de la candidata de JxCat, Laura Borràs, investigada por el Supremo por la presunta adjudicación irregular de 18 contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), o la imputación de la alcaldesa de L'Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Martín, por un supuesto desvío de ayudas del Consell Esportiu de la población.

Y también el "caso Volhov", en el que están investigados excargos de CDC y ERC por tráfico de influencias y desvío de fondos a Waterloo, podrá ser esgrimido en distintos sentidos: tanto por quienes defienden que se trata del enésimo montaje policial y judicial contra el independentismo como para los que creen que destapa la corrupción oculta tras el procés.